La Junta Central Electoral (JCE) levantó, aunque de forma provisional, una barrera que ella misma colocó a las encuestas electorales: la prohibición de publicar o difundir sondeos fuera de los períodos legales de precampaña y campaña. Sin embargo, la decisión no cierra la controversia, sino que abre un nuevo debate sobre los límites de las facultades del organismo electoral.

El Pleno de la JCE decidió el pasado 20 de agosto suspender la aplicación del artículo 13 del reglamento que regula el registro de las firmas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral, mientras permanece pendiente una controversia judicial sobre la legalidad y constitucionalidad de esa disposición.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil consultados por Diario Libre, recibieron la medida de manera positiva ya que consideran que la prohibición podía constituir una restricción a las libertades de expresión e información.

No obstante, la decisión no contó con el respaldo unánime del Pleno. Los jueces Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises votaron en contra, aunque sus objeciones no se centran en defender la prohibición de publicar encuestas.

El cuestionamiento de ambos magistrados tiene que ver con el procedimiento utilizado. Consideran que el Pleno no tenía facultad para dejar sin efecto, mediante una resolución administrativa, una disposición reglamentaria que antes aprobó.