El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircan, aseguró este miércoles que la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, conocida popularmente como «la carcelita», ha logrado reducir su población a 72 presos preventivos, número que corresponde a la capacidad para la que fue diseñada.

El magistrado explicó que ese espacio fue concebido para albergar entre 70 y 72 detenidos, aunque reconoció que durante años la sobrepoblación ha sido una constante, llegando en ocasiones a registrar cientos de reclusos por encima de su capacidad, situación que provocó problemas de hacinamiento, insalubridad y deterioro de las condiciones de permanencia.

«Al día de ayer -martes- en la tarde teníamos 72 internos. Se ha ido haciendo una depuración, cambios de medidas de coerción y revisando resoluciones pendientes para ir abriendo espacios», explicó Bircan.

Respuesta oficial ante denuncias de insalubridad

Sus declaraciones surgen luego de denuncias realizadas por abogados y familiares de privados de libertad, quienes habían alertado sobre supuestas condiciones de insalubridad, enfermedades y presencia de insectos dentro del recinto.

El procurador admitió que históricamente la carcelita ha enfrentado dificultades relacionadas con la saturación y la salubridad, al punto de que en ocasiones fue necesario realizar operativos de limpieza con apoyo del cuerpo de bomberos.

«Ahora mismo el límite es 70. Si entra una cantidad de internos, tiene que salir una cantidad similar para mantener ese equilibrio. En la práctica puede ser cuesta arriba, pero lo vamos a enfrentar», sostuvo.

Bircan atribuyó la reducción en el número de internos a una «labor sistemática de revisión de expedientes» y agilización de procesos judiciales.

Reveló que solo en la jornada del martes fueron emitidas 24 resoluciones relacionadas con personas declaradas en rebeldía, lo que permitió descongestionar parcialmente el recinto.

Asimismo, destacó mejoras en la entrega de resoluciones judiciales para ejecutar cambios de medidas de coerción, un proceso que anteriormente podía tardar hasta 15 días y que ahora, según indicó, se completa en uno o dos días.

En cuanto a las recientes denuncias hechas por abogados, el magistrado consideró que podrían estar basadas en informaciones no actualizadas, insistiendo en que la situación actual presenta una reducción significativa en comparación con meses anteriores.