La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y su adjunta Yeni Berenice Reynoso se reunieron ayer para tratar temas relacionados con investigaciones, en medio de las diferencias que tienen sobre las pesquisas que realizan a Donald Guerrero, exministro de Hacienda.
Germán Brito y Reynoso, quien es directora de Persecución del Ministerio Público, estuvieron juntas ayer en una reunión de trabajo con el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, con quien acordaron desarrollar programas de capacitación enfocado en ampliar la formación de fiscales e investigadores de la uniformada.
Datos relacionados con la investigación a Guerrero, dejan entrever una diferencia entre las funcionarias judiciales en cuanto al acceso que pudiera tener el investigado a los datos que se han recolectado en su contra.
Pesquisas tienen casi dos años
Desde inicio del año pasado, al exministro de Hacienda se le investiga por presuntamente incurrir en los delitos de estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios, lavado de activos, falsificación y asociación de malhechores.
Hace unos meses, Germán Brito instruyó a Reynoso para que se le diera acceso Guerrero a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra. La procuradora se basó en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11, que establece el proceso para que esta emita instrucciones particulares por escrito.
La medida no fue bien vista por Reynoso, quien respondió a sus superiora jerárquica para que reconsidere su decisión, “a los fines de que solo estemos en la obligación de dar acceso al investigado Donald Guerrero a aquellas diligencias de investigación que lo tocan y que son de carácter público, como las que se evidencia en la acusación del caso conocido como Operación Antipulpo, ya que esas actuaciones no ponen en riesgo esa línea de investigación, contrario al proceso actual, no así de la investigación que continúa en proceso”.
El artículo 9 de la referida ley precisa que cuando el funcionario recibe la instrucción particular puede impugnarlas, mediante escrito motivado, cuando las considere manifiestamente ilegales, arbitrarias o inconvenientes.
Detalla que el superior jerárquico emisor podrá ratificar, modificar o revocar su instrucción según proceda. La ratificación se dicta en forma motivada y exonera al subordinado de las responsabilidades que se originen de su cumplimiento.