No obstante, los problemas del costo de la vida y del desorden de la violencia que forman parte central de la cotidianidad que intranquiliza a la ciudadanía, tienden a confundir la eficacia de la agenda de gobierno, por lo cual éste debe poner su mayor atención, al igual que en la necesidad de profundizar las acciones para fortalecer la institucionalidad basada en el respeto a la Ley.

En ese último aspecto le cabe un rol destacado a la Justicia y al Ministerio Público, en el combate a la delincuencia y la criminalidad y en especial en el tratamiento de los casos de corrupción y otros casos delictivos escandalosos pendientes de una definición judicial, de forma que esa línea de trabajo responda a la expectativa de la ciudadanía.

La nación ha gozado de estabilidad política y de “paz social y armonía productiva” en las últimas décadas, condiciones que estimulan la inversión pública y privada, nacional e internacional.

El combate efectivo de la delincuencia y la corrupción debe fortalecer la necesaria institucionalidad del país, a manera de consolidar la nueva institucionalidad democrática que legitime cada vez más el estado de derecho.

En ese orden, entonces, son prioridades que no deben confundirse en la agenda de gobierno las siguientes: mantener el ritmo y dinamismo del crecimiento de la economía; combatir la inflación internacional sosteniendo la política de los subsidios; combatir la situación de la criminalidad y la delincuencia para bajar la tensión e inseguridad ciudadana; estimular el rol del Ministerio Público y de la Justicia en los casos de la corrupción y en los escándalos ligados al narco y lavado de activos.

Esas líneas de acción se pudieran fortalecer auspiciando el gobierno, de común acuerdo con el sector empresarial y laboral, una elevación de los sueldos y salarios en ambos sectores que mejore las condiciones de vida de la gente afectada por la inflación internacional, pese a los esfuerzos del gobierno.

Esa propuesta, lanzada por el sector empresarial, debería estudiarse y acordarse mediante el consenso para afinazar el clima de “paz social y armonía productiva”.

¡Qué no se confundan las prioridades del gobierno y de la nación!