Por Leonardo Sanchez
En medio del mayúsculo escándalo que ha ocasionado el descubrimiento del grotesco entramado montado para exprimir las finanzas nacionales por funcionarios dominicanos en coordinación con Odebrecht y su metodología tecnológicamente eficiente y sofisticada, y el afloramiento de las monstruosas sobrevaluaciones para financiar campañas electorales, surge un imprudente argumento de defensa previa que han comenzado a difundirse por medios oficiosos sobre un supuesto apresto de golpe de estado.
En una movida que, a los que la pensaron y comenzaron a implementarla, les ha parecido inteligente, tal vez, genial, y se ha comenzado a propalar una versión desde adentro del mismo gobierno que habla de que se gesta un golpe de estado contra el Presidente Medina. ¡Porque saben que ‘tan cogío!
Un golpe de estado, como cortina de humo para que se deje de protestar contra la corrupción y la impunidad que disfrutan todos los corruptos. Estuvieron evaluando la contra marcha que quieren los más osados defensores de la corrupción y al constatar que ese remedio era peor que la enfermedad, pasaron al plan B.
Y, como esa contra marcha dejaba desnudas las implicaciones y complicidades con la corrupción, han optado por un impacto mayor y atemorizante de aquellos protestantes que tienen algo que perder y del pueblo llano.
Y, como saben que vienen otras marchas que pudieran ser exitosas, buscan impedirlas por medios muy poco ortodoxos. La suma de todos los miedos, ¡el golpe de estado!
Iniciativa que muchas bocinas relacionan con los organizadores de la pasada marcha popular contra la corrupción y la impunidad. Queriendo parecer sesudos, solo lo insinúan sin señalar a nadie en particular.
Y al proceso de recolección de firmas para solicitar el nombramiento de un fiscal especial, le llaman sedición porque, lo parece que no se puede, es pedir transparencia y justicia imparcial.
Es una contra ofensiva antes de la ofensiva.
Saben perfectamente, que nadie está pensando en golpes de estado. Y solo buscan causar un impacto mediático para que la discusión se desplace de la implicación directa del presidente en la sobrevaluación de obras como Catalina La O, la terminación de los corredores citadinos Duarte y las autopistas de la región este del país.
También, buscan esquivar el tema de las financiaciones fraudulentas con dinero proveniente de los acuerdos secretos con Odebrecht. Por eso han negociado la impunidad de esa empresa a cambio de una chilata de los sobornos, apartando las sobrevaluaciones desde donde salió del dinero de la reelección.
Suave y simple.
Es de debajo de esa patana que están buscando salirse. Es de eso que no se quiere hablar y se inventan el bulo del golpe de estado para tratar de desviar la atención del hecho primario e inocultable.
La financiación de la pasada campaña con dinero de la corrupción; el lavado de dinero realizado por Joao Santana por medio de las exorbitantes sumas que le pagaba el gobierno dominicano, reciclando el dinero que llegaba de las cuentas Off-Shore de Odebrecht.
La ruta del dinero, incluía los pagos a Odebrecht por cubicaciones de obras sobrevaluadas en curso -pagos legítimos-, depósitos en cuentas Off-Shore por Odebrecht -con fines dudosos-, pagos por sobornos y gastos de campaña desde las cuentas Off-Shore.
Porque Santana y Mónica Moura su esposa, han sido condenados por lavado de activos y financiación indebida en su país y en el exterior. Moura, que ya ha declarado públicamente cuales fueron los gobiernos financiados en esa red de corrupción, incluyendo con su nombre a Danilo Medina.
Y Odebrecht ha confesado los sobornos, y los mecanismos sofisticados con los que hacia las transacciones y a quienes entregaba el dinero para esos fines.
Por eso negocia el Encubridor General de la República. Necesita que Odebrecht se sienta cómoda y no declare lo que tiene que declarar, si fuera a juicio, respecto a las conocidas sobrevaluaciones y financiaciones ilegales.
Y, como saben que falta poco para que se sepan los nombres y el destino del dinero sobrevaluado, necesitan que se imponga el silencio de algún modo.
Puede ser hasta un auto golpe, ¡como intentó Morales Languasco en diciembre de 1905!
Porque no es un golpe de estado lo que amerita la situación descubierta e inocultable. Es un empeachment, o juicio político, por violación flagrante de la constitución y varias leyes. Como le hicieron a Dilma.
Y, en el gobierno, saben perfectamente cuál sería el resultado de tal juicio en manos de sus enemigos internos. Esos mismos que se frotan las manos esperando que llegue ese momento de vengar los agravios internos; como el “quirinaso”, el tucanogate y muchos más que no han trascendido a la opinión pública.
Porque hace mucho que la sangre llegó al rio. Y, el balance entre los Tucanos y Odebrecht, ahora parece inclinarse a favor de los corruptos de los pájaros exóticos.
Aquellos que se saben corruptos, pero en una escala menor y soplan por lo bajo para que se descubran los hechos de los últimos cinco años.
Aunque en la partida tengan que sacrificar algunas piezas indefendibles, sin llegar al rey, evitando un doble jaque mate, para que gobierne una reina.
Y, como la mejor defensa es el ataque, se inventan y agitan el viejo fantasma del golpe de estado. Argumento innecesario porque, ante un empeachment y destitución, la constitución prevé el mecanismo de sustitución pacífica de un mandatario depuesto legalmente.
Por la fuerza de la ley, no de la vieja caverna. Y esto lo saben bien.
Por eso son ilegales los acuerdos confidenciales del Encubridor General de la República.
Igual que saben, que el mecanismo se puede simplificar con una renuncia decorosa del presidente, sin esperar el resultado de la pesquisa de su comisión. Porque saben hace tiempo, lo que la población está conociendo a retazos al tiempo que se notan los esfuerzos denodados por ocultar los hechos.
Y son hechos que ameritan una renuncia decorosa, ¡no un golpe de estado!
Ese es su miedo, y por eso quieren cambiar el debate de la corrupción para debatir de política, soslayando que se trata de políticos corruptos sobornados y financiados ilegalmente con dinero público proveniente de sobrevaluaciones de obras.
¡Esa sí es la cuestión!