Hay situaciones que, por su impacto en la sociedad, ameritan acciones directas de la administración del estado.
Hechos en los que alguien tiene que hacer algo. Para sostener la utopía del Estado de Derecho.
Son decisiones del ámbito municipal, legislativo o de cualquier rama del ejecutivo que individualmente o en tándem debieron, y todavía deben, dar solución a ciertos hechos indudablemente corruptos.
Y, por su impacto multisectorial, el impasse entre las municipalidades del Gran Santo Domingo y la empresa “extranjera” Lajún SRL, es un ejemplo al canto de la falta de acciones concretas contra una atrocidad que se debió prever, sin no es que ha sido planificada para explotar como lo ha hecho y justificar los aumentos de tarifas que sepretenden con la privatización del vertedero multimunicipal de Duquesa.
Para que la misma sociedad estafada con la venta de los terrenos, pida a gritos que se aumenten los precios de la tonelada de basura a procesar por los filibusteros del manejo de los desechos sólidos.
Podría comenzar la entidad que se crea responsable de representar a los munícipes, que ahora tiene su salud colectiva en grave riesgo, investigar cómo, dentro de los ilícitos penales que se vienen cometiendo dentro del CEA, una compañía “extranjera” ha podido obtener títulos de propiedad de unos terrenos estatales sin gestionar la aprobación de ley.
Ley que establece que ningún bien del estado puede ser enajenado sin aprobación congresual.
Pudiera, también alguna entidad estatal, investigar cómo han sido importadas ingentes cantidades de “leche” en polvo, que aseveran los entendidos, que no es leche. Producto que ha invadido el mercado y, prohibición tras prohibición es ignorada, permaneciendo ese veneno a disposición de los más necesitados que, por su precio y disponibilidad, recurren al mismo para satisfacer sus necesidades de proteínas y vitaminas para niños y envejecientes.
Y nadie con la autoridad prometida en “cumplir y hacer cumplir la ley” se da por aludido, dejando correr las sucias aguas de esos turbios negocios hasta que se agote esa “lechez” o las epidemias provenientes de la basura acumulada disparen vectores epidémicos incontrolables que contribuyan a que más dominicanos mueran por descuido.
Esas plagas prevaricadas, se unen a la inseguridad pública que, operativos tras operativos con nombres cambiados, siguen dejando a la sociedad del país indefensa. Y jefes van y jefes vienen, ahora llamados directores, aunque siguen vistiendo igual y actuando peor.
Así, la falta de acciones concretas y con resultados menos teatrales del ministerio público se hacen dignas de una antología del absurdo de un “teatro mágico no para cualquiera” expresado por Hermann Hesse en su Lobo Estepario.
Porque su Carabina de Ambrosio tiene la pólvora mojada y no puede dispararle a los prevaricadores sobornados que conoce muy bien, y le lleva a negociar la impunidad de los confesos sobornadores, incluyendo al confeso receptor del dinero de los sobornos que parece intocable.
Por eso ha estallado el coro de áulicos abocinados desmintiendo las informaciones procedentes de Brasil, queconfirman las sobrevaluaciones de obras ligadas a la financiación de campañas para elegir todos los estamentos del estado en un bloquemonolítico de prevaricación.
La timidez del ministerio público, pudiera ruborizar si no encojonara como encojona que un funcionario que no es inepto pretenda actuar como si lo fuera, para defender con su inacción y ocultamiento de información a los funcionarios responsables haber corrompido los contratos de obras estatales.
Igual el caso de la venta de los terrenos de Los Tres Brazos tampoco encuentra vías de acusación de un delito de cohecho y colusión probable más allá de la orden de deshacer el negocio, que no borra el delito. Y a nadie se acusa por haber sido agarrado con las plumas en las manos mientras cocinaba el “pato robao”.
Igual, el desmantelamiento del Consejo Estatal del Azúcar, donde la punta del iceberg ha sido el estallido de sangre escenificado en San Pedro de Macorís por un hombre llevado al extremo de su psiquis; obviándose el rosario de ilícitos que se han estado cometiendo desde antes de la capitalización neoliberalizante.
El caso del tránsito citadino es un ejemplo de indiferencia e incompetencia, dejando la situación igual, mientras se gana tiempo y se pasa bajo la mesa una violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos envejecientes cuando se les prohíbe conducir vehículos másallá de los 65 años.
¡Y nadie dice nada!
Ni siquiera se plantean el sometimiento a exámenes a esas personas para determinar su aptitud para la conducción vehicular. Como si la situación de negligencia acumulada y los accidentes tuvieran que ver con los envejecientes que conducen vehículos de motor.
Ignorando todas las aberraciones que se cometen a diario por gente muy joven que no tiene ningún respeto por las normas de tránsito y movilidad. “Mamis” que cruzan donde se les antoja, hijos del poder que se pasan las reglas por donde no les da el sol. Guagüeros homicidas, venduteros en triciclos que entaponan las vías.
Y la nueva ley, se ceba en miles de envejecientes que conducen mejor que los legisladores irresponsables que han cometido ese abuso.
¡Y nadie hace nada!
Y ni hablar del menudo del chanchullito de las preciosas de dios, -sí, así con minúscula, porque Dios con toda seguridad no tiene nada que ver con ciertas preciosuras que lo usan como pantalla para prevaricar en su nombre. ¡Aleluya! -, con su romance publicado en las redes sociales, mientras se prevaricaba en secreto con el dinero del presupuesto repartido con preciosa generosidad.
Y nadie se da por aludido. No hay sanciones para esos ilícitos y descuidos en la aplicación de las leyes.
Soslayando que omitiendo también se prevarica y la prevaricación es delito, caso tras caso emerge como un surtidor de podredumbre y descuido hasta que es apartado de la atención pública por otros géiseres de escándalo vergonzoso.
Y no ha habido omisión más sonora que OISOE, desde Sun Land hasta el suicidio del infortunado ingeniero en el baño de esa institución sinónimo de corrupción, pasando por el hospital Dr. Darío Contreras, epítome de las omisiones graciosas porque apunta hacia donde apunta. ¿Qué el banco Peravia qué?
¡Y nadie hace nada! Los ladrones atrapados en el acto, devuelven lo sustraído o simplemente dan una explicación ajustada a “su verdad” y todo sigue “su agitado curso”.
El rumor público ha dejado de ser motivo de acción para el ministerio público y los escandalosos ilícitos penales, también.
Y parece, que para el jefe del ministerio público también.
Porque hay militancias partidarias que proteger y alianzas que hay que mantener y preservar.
¡Y gordas bocinas que salvar!
Consummatum est.