SANTO DOMINGO. Hoy se celebra el Día del Poder Judicial con grandes retos pendientes, fruto de un año en que su integridad estuvo muy cuestionada con el sometimiento de varios jueces y las demandas de mayores recursos.

El pasado 7 de octubre se celebró “La Cumbre Judicial Nacional”, una iniciativa que surgió en el seno del Poder Judicial para identificar e impulsar reformas en el sector justicia que respondan de forma efectiva las necesidades de la sociedad dominicana y sus instituciones. Los ejes temáticos de la Cumbre abarcaron la autonomía e independencia, acceso a justicia, eficiencia en el procesamiento de los casos, coordinación interinstitucional, integridad en la labor judicial, sistema de carrera, régimen de consecuencias, gestión administrativa y presupuesto.

Esta cumbre terminó con el compromiso de seguir impulsando la lucha por mayor presupuesto, además de una serie de medidas administrativas con miras a mejorar la imagen.

Motivos de la cumbre

El principal hecho que motivó la unión de varios sectores, en procura de recuperar los niveles de credibilidad, ya perdidos, del poder judicial fue el caso de la ahora suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, quien admitió aceptó soborno para liberar al exregidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís, acusado de sicariato. Ya Reyes Beltré había estado en el ojo del huracán por ordenar la entrega de varios bienes confiscados al español Arturo del Tiempo, preso en España por tráfico de drogas.

Esa investigación arrojó la complicidad del consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, quien renunció al cargo.

Otros jueces destituidos, suspendidos y llevados a juicio por actos de corrupción el pasado año fueron Aristilda Mercedes, de La Romana, que otorgó libertad pura y simple a cinco venezolanos apresados, cuando supuestamente intentaron introducir en el país 359 kilogramos de cocaína.

Otros cinco jueces fueron enviados a tribunales disciplinarios durante el pasado año. Estos son los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, como consecuencia del informe que había realizado Inspectoría General del Poder Judicial, en el caso penal seguido al señor Julio Alfredo Rondón Abreu