Abinader emite decreto para controlar importación de metanol, el que ha causado 127 muertes en este año

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RESUMEN
El total de decesos en este año por las bebidas adulteradas fue dado a conocer en una rueda de prensa en el Palacio NacionalEl Gobierno afirma que se han detenido 34 personas
El presidente Luis Abinader emitió el decreto No. 275-21 con el propósito de controlar la importación y comercialización de metanol, compuesto químico que ha causado en el país en lo que va de año 127 muertes y 247 en el primer cuatrimestre de 2020, en su utilización en bebidas adulteradas consumidas en algunos barrios.
La disposición presidencial se dio a conocer en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en la que se garantizó “tolerancia cero” a la adulteración de las bebidas adulteradas.
Se informó que se arreciarán los operativos en el país con nuevas medidas y disposiciones legales para decomisar el compuesto tóxico, desmantelar fábricas clandestinas.
El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, sostuvo que para el decreto 275-21 se tomó como base las disposiciones de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana
Crean mesas de trabajo
Bisonó informó sobre la creación de dos mesas de trabajo, una para la implementación de un programa de inteligencia y trazabilidad en la cadena de importación y comercialización de metanol bajo la coordinación de la Dirección General de Aduanas, en la que participan la DNCD, la DGII, el DNI, la Procuraduría General de la República y demás organismos de inteligencia del Estado.
Mientras que una segunda mesa servirá para intensificar y coordinar operativos en fábricas y comercios en todo el territorio nacional para intervenir la comercialización de alcohol adulterado o de alcoholes en los que haya indicios de adulteración y donde se vendan productos que no cumplan con la normativa vigente.
Los operativos estarán coordinado por ProConsumidor y con la participación del Cuerpo Especializado de Control de Combustible (CECCOM), el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República y la DGII.






