SANTO DOMINGO. El gobierno dominicano impulsará una política de migración y protección social no contributiva para beneficiar a los migrantes que viven en situación de vulnerabilidad, así como a los retornados y sus familias, deportados y víctimas de trata y niños y adolescentes no acompañados.
Así lo establece un acuerdo firmado ayer entre el Gabinete de Políticas Sociales de la Vicepresidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración, el cual especifica que se elaborará un reglamento interno operativo que establecerá quienes lo conforman y las funciones específicas, en un plazo no mayor de tres meses.
El acuerdo establece que las instituciones firmantes se encargarán de analizar las informaciones estadísticas sobre las características y necesidades de la población dominicana deportada y retornada.
Además, diseñar protocolos de coordinación para apoyar la inserción laboral y mediación para el empleo servicio de educación, salud, asistencia social, guardia y custodia de menores jurídico-consular e integración comunitaria, entre otros.
Otro aspecto del pacto contempla la creación de un comité interinstitucional para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades, integrado por un representante acreditado de las entidades firmantes.
En el acto hablaron el canciller Miguel Vargas, el procurador general Jean Alain Rodríguez, la representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Araceli Azuara y la directora del Instituto Nacional de Migración, Florinda Rojas.