SANTIAGO.-El empresario Adriano Roman, falleció ayer en la mañana de este miércoles en la cárcel Rafey hombre de Santiago, luego de varios años de prisión condenado por intento de muerte de su ex esposa Miguelina Llaverías y el abogado Jordi Veras, quienes sobrevivieron de manera milagrosa.
Según informes preliminares, el recluso, quien guardaba prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, de esta ciudad, murió en la emergencia del hospital José María Cabral y Báez.
Hasta al medio día de ayer, se desconocía la causa de su deceso, pero se recuerda que había recibido atenciones médicas problemas cardiovasculares y respiratorios
Las autoridades del centro penitenciario aún no han ofrecido una declaración oficial del fallecimiento del empresario.
El 2 de junio del año 2010, varios individuos dispararon contra Jordi Veras, cuando se estacionaba en el parqueo del canal 25, donde trabajaba en un programa de televisión y se vinculó directamente a Adriano Román.
Pro antes, el 2 de octubre del 2005, la señora Miguelina LLaverias fue víctima de un intento criminal y se vinculo al hecho al señor Adriano Román, quien pese a que trato de desvincularse
Se recuerda que Román pulgando una pena por el caso de Miguelina, fue procesado como autor intelectual en el caso del atentado criminal contra Jordi Veras, siendo condenado el l6 e Junio del año 2014 a 20 años.
El señor Roman utilizando su dinero utilizó muchos subterfugios para salir libre, como por ejemplo cambios de sus abogados defensores, solicitudes de prisión domiciliaria, constantes chequeos médicos, peticiones para y el traslado de su caso a otra jurisdicción.
No obstante, finalmente la justicia dominicana lo condenó a 20 años de prisión y a contribuir en el pago de 100 millones de pesos, junto a un grupo de personas señaladas como sus cómplices en este delito.
Se recuerda que fue hasta este año cuando inició el juicio de fondo contra los acusados, que fue aplazado en 45 ocasiones, principalmente porque el imputado Román cambiaba la defensa privada que le asistía.
Ante esta situación, en ese momento Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, alegó que no podía asignar abogados a acusados económicamente solventes.