SANTO DOMINGO. Cuando se discutía su adjudicación, contrato y construcción, el acueducto de la Línea Noroeste fue objeto de controversias. Más de una década después, los interrogatorios de la Procuraduría sobre los sobornos de Odebrecht han traído el proyecto a discusión, saltando de un exfuncionario a otro las sospechas de irregularidades en la obra.
“Encontramos sobrevaluaciones y además cuestiones de diseño que no se adecuaban correctamente, en los contratos de la Línea Noroeste solamente. Y entonces entendimos que no lo íbamos a poner en la orden de agenda si no se corregía todo eso”, dijo ayer Ramón Alburquerque a su salida del interrogatorio que le hizo la Procuraduría. Él presidió el Senado entre 1998 y 2001 cuando era legislador por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El 3 de noviembre de 1999 el Senado recibió una carta del expresidente Leonel Fernández que solicitaba a Alburquerque la aprobación de tres contratos, uno de ellos suscrito el 12 de agosto de ese mismo año entre el Estado y el consorcio conformado por la brasileña Andrade Gutiérrez y la dominicana Hidráulica Agrícola y Civil (Haycivilca) para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste con el que se abastecería de agua a Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, por RD$2,563,918,847.30 (posteriormente se agregaron más demarcaciones).
Otro contrato era el de financiamiento suscrito entre el Estado y la Agencia Especial de Financiamiento Industrial, empresa pública federal brasileña, en su calidad de agente del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económica y Social (BNDES) de Brasil por US$129,089,385.
El tercero era el contrato de préstamo suscrito entre el Estado y el ABN AMRO Bank como concertador de la Línea de Crédito, como agente de los Bancos y como prestamista original por US$32,672,056. Estos dos últimos sumaban US$161,761,441.
El pedido del Ejecutivo generó debates, ya que se alegó que no se llamó a licitación para la obra. El 11 enero de 2000 la Comisión del Senado para Estudio y Opinión sobre dicho contrato, aseguró que debía someterse a concurso para su adjudicación.
Alburquerque, en sus declaraciones de ayer a la prensa indicó: “Luego vino el gobierno de Hipólito Mejía, se formó una comisión y se dio respuesta a estos asuntos, pero cuando vino a aprobarse fue el 28 de diciembre de 2001”, cuando ya no era presidente del Senado.
En septiembre de 2000 la prensa publicó una invitación de la Presidencia de la República para las empresas nacionales y extranjeras especializadas en sistemas de abastecimiento de agua potable a presentar ofertas “para la solución del problema de agua potable en las provincias de la línea Noroeste”. Las ofertas debían presentarse en las oficinas del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) en un plazo no mayor de 30 días.
En julio de 2001 el consorcio domínico-norteamericano Arcisa/Acipco denunció que los resultados del concurso para la construcción del acueducto fueron cambiados para favorecer a una empresa que había sido descartada y no contaba con los diseños ni las fuentes de financiamiento. Alegó que se buscó beneficiar a Odebrecht. El expresidente Mejía defendió la transparencia de la decisión del Gobierno y aseguró que sí se hizo concurso para la obra.