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El Ministerio Público pide al tribunal que también declare complejo el proceso seguido contra los imputados
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago solicitaron que se declare el caso de tramitación compleja y que se imponga la medida de coerción de privación de libertad a los cabecillas de la red Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
También a los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
A los diez contra los cuales se solicita prisión preventiva se les imputa dedicarse, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 víctimas.
El Ministerio Público solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad de imputados y de víctimas, además por tratarse de una red del crimen organizado dedicada, también, al lavado de activos por lo que necesita tiempo suficiente para profundizar la investigación, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal Dominicano por reunir todas las características de un caso complejo.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y las fiscales Quirsa Abreu Peña (titular interina de Santiago), Joanna García Rivas, de la Dirección de Persecución, y Lía Collado, de Santiago.
La Operación XL526, ejecutada contra la estructura criminal, la encabezó un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Un total de 20 personas fueron arrestadas con fines de investigación, pero solo se solicitó coerción contra 10 de los detenidos.
Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
El órgano acusador afirma que, mediante sus acciones fraudulentas, la organización recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
La organización del crimen organizado de carácter internacional, tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago.
Los integrantes de la red dominan el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas.
El modus operandi consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, conforme a un guion previamente estructurado por los cabecillas de la organización.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado «Cartel de Sinaloa«, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas, a las que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
Los fondos así obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
