El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, calificó como «ilegal e inconstitucional» la propuesta del Gobierno de reducir en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, advirtiendo que la medida, aunque pueda resultar «popular»ante la opinión pública, esconde una peligrosa herramienta de control político.
Mariotti señaló que el Ejecutivo está utilizando el contexto económico internacional como una «cortina de humo» para alterar las reglas del juego democrático justo cuando el país entra en una etapa crucial de movilización política.
Desigualdad en la competencia
El dirigente peledeísta alertó sobre el desequilibrio que esto genera en el sistema democrático. «El Gobierno debe tener cuidado con usar la crisis como una herramienta política. Estamos a las puertas de un proceso preelectoral donde el partido oficialista cuenta con toda la estructura y los recursos públicos para su campaña y movilización, mientras pretende asfixiar financieramente a la oposición limitando los fondos que por ley nos corresponden», denunció.
Fundamentos legales
El exsecretario general del PLD fundamentó su rechazo citando los artículos **44 y 45 de la Ley No. 426-06 (LOPSP)**. Explicó que, aunque el Gobierno puede establecer topes de gasto, no tiene la facultad de reducir unilateralmente las transferencias a los órganos extrapoder cuando estos fondos ya están comprometidos.
Asimismo, recordó que el Artículo 212 de la Constitución otorga a la Junta Central Electoral (JCE) una independencia presupuestaria y financiera que el Poder Ejecutivo no puede violentar por vía administrativa a través de la DIGEPRES.
«Podrá ser una medida aplaudida por algunos, pero es un atropello institucional. Si el Gobierno quiere reducir estos fondos de manera permanente, necesita someter una modificación a la Ley de Presupuesto en el Congreso Nacional. Hacerlo de otra forma es usurpar funciones y golpear la autonomía de la JCE»*, enfatizó Mariotti.
Llamado a la transparencia
Para Mariotti, resulta contradictorio que se pida «sacrificio» a las organizaciones políticas bajo el argumento del alza en el precio del petróleo, mientras el gasto en publicidad oficial y nómina pública no muestra una reducción equivalente. «La democracia tiene un costo, y lo que se busca aquí no es ahorro, sino ventaja electoral. Por eso puede parecer legítima pero es más inconstitucional», concluyó.