El CREES favorece cambios en la administración pública, pero no ve claro si habrá ahorros

El pasado 27 de septiembre, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025. Con un monto total de un billón 484,234.6 millones de pesos, este presupuesto da inicio a un ambicioso plan de reestructuración y racionalización de la administración pública, buscando mejorar la eficiencia del gasto estatal.

El Gobierno estima que los ingresos para el próximo año ascenderán a un billón 241,364.7 millones de pesos, lo que representa un 15.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proyección se apoya en esfuerzos administrativos para optimizar el cumplimiento tributario y en un entorno macroeconómico favorable.

Además, el gasto previsto, que equivale al 18.3 % del PIB, se orienta hacia el desarrollo inclusivo y sostenible, priorizando áreas fundamentales como la salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad.

En particular, se destinará el 4.10 % del PIB a la reestructuración del sistema educativo, lo que se espera facilite la coordinación entre los distintos niveles de enseñanza, eliminando la fragmentación actual.

«Estamos eficientizando el uso de los recursos, reduciendo el gasto corriente derivado de la duplicidad de funciones y garantizando una inversión adecuada en capital para proporcionar entornos educativos de calidad», precisa el Ejecutivo en su carta de remisión del Presupuesto.

El resultado fiscal proyectado y las aplicaciones financieras previstas suponen fuentes financieras que ascienden a 350,990.4 millones de pesos, equivalentes a un 4.3 % del PIB, inferior a lo observado en años previos.

La estimación de ingresos para el Gobierno Central en el presupuesto reformulado de 2024,  asciende a un billón 222,734,406,859 pesos. Además, establece un total de erogaciones de un billón 567,714,618,977 pesos para el mismo período presupuestario.

Ahorros a través de la eficiencia

Uno de los pilares de esta reestructuración es la propuesta de fusionar y eliminar varias instituciones públicas, lo que se espera que genere un ahorro de 25,000 millones de pesos. El presidente Luis Abinader, en una reciente rueda de prensa, destacó que esta medida busca eliminar duplicidades y fomentar una administración más eficiente y coherente.

Fusiones clave

• Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) se integrará con el Ministerio de Educación (Minerd).
• Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), se fusionará con el Ministerio de Hacienda.
• La Administradora de Subsidios Sociales (Adess) se unirá al programa Supérate.
• Además, se eliminarán entidades como la Caja de Ahorros para Obreros y la Comisión Nacional de Población y Familia, lo que permitirá una mayor concentración de recursos.

El proceso de fusión ha suscitado preocupaciones respecto al futuro de los empleados públicos involucrados. Aunque no se prevén desvinculaciones masivas inmediatas, el Ministerio de Administración Pública (MAP), llevará a cabo una evaluación para determinar el futuro laboral de los trabajadores afectados.

La propuesta de fusión del Mescyt y el Minerd ha generado debates. El ministro de Educación defiende la medida, citando ejemplos de otros países de la región donde la centralización ha resultado en una gestión más eficaz. Sin embargo, la Asociación de Profesores (ADP) ha expresado su rechazo, argumentando que la fusión podría empeorar las deficiencias en el sistema educativo.

Perspectivas fiscales

La gestión fiscal se plantea como una prioridad, con un enfoque en la sostenibilidad y la transparencia. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ha enfatizado que esta reestructuración es esencial para evitar un aumento del déficit fiscal, contribuyendo a una administración pública más robusta y efectiva.

La expectativa es que, con estas medidas, el Gobierno no solo logre un ahorro significativo, sino que también mejore la calidad de vida de las familias dominicanas, garantizando un uso más eficiente de los recursos públicos. La implementación de estas propuestas se enviará al Congreso, donde se evaluará su viabilidad y se trabajará en las modificaciones legales necesarias.

Con el deposito del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025 el pasado viernes y la reestructuración de las instituciones públicas representan un paso decisivo hacia la modernización del Estado dominicano.

Se ha señalado que serán con un enfoque en la eficiencia, la inclusión y la sostenibilidad, el Gobierno busca no solo ahorrar recursos, sino también optimizar el servicio que se brinda a la ciudadanía en todos los niveles. Las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro de esta ambiciosa estrategia.

Análisis de Miguel Collado Di Franco sobre la racionalización de la Administración Pública

El 27 de septiembre de 2024, Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), analizó la reciente propuesta de «racionalización y modernización de la administración pública» anunciada por el gobierno.

Collado destacó que, aunque se espera economizar 25,000 millones de pesos, este monto no necesariamente se traducirá en un ahorro real para los ciudadanos.

Aclaró que la eliminación de instituciones no implica necesariamente una reducción de gastos, ya que muchos fondos, como los destinados a educación y transferencias, seguirán siendo necesarios. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Educación incluye 17,356.9 millones de pesos en transferencias, que son esenciales para becas y apoyo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El análisis también menciona que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) tiene un presupuesto considerable, donde el 42 % está destinado a remuneraciones.

Collado argumenta que, a pesar de las fusiones, no se vislumbran oportunidades significativas para economizar. Además, las instituciones como Comedores Económicos, con un 90 % de su presupuesto destinado a nómina y suministros, tampoco ofrecen un gran margen para reducir gastos.

Collado subrayó la importancia de la transparencia en este proceso de reformas. Para que la población comprenda realmente los beneficios de la racionalización, el gobierno debe proporcionar detalles claros sobre de dónde provendrán los recursos que se destinarán a áreas críticas como educación, salud y seguridad.

Sin esta claridad, los ciudadanos podrían percibir que, a pesar de un gobierno más pequeño, su carga impositiva no disminuirá.