Miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exigen una auditoría exhaustiva ante el presunto mal manejo de recursos, incluyendo el pago de 5 millones de pesos a un vocero externo sin afiliación a la organización.
Santo Domingo, Rep. Dom. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se encuentra en el centro de una creciente controversia tras denuncias que acusan a sus directivos de utilizar los fondos de la organización para financiar gastos de lujo y contratar a un vocero externo con un salario millonario. Estas revelaciones han generado un profundo malestar entre los miembros de la asociación, quienes demandan una mayor transparencia en la gestión de los recursos.
Según los denunciantes, el vocero en cuestión es el profesor Juan Omar Valdez Durán, director del programa PTS y fundador del programa de Inglés por Inmersión, una iniciativa que comenzó bajo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2005. Valdez Durán también dirige actualmente el Observatorio Educativo de la ADP, a pesar de no ser miembro de la asociación, lo que ha incrementado las sospechas entre los afiliados.
Las críticas se intensifican al recordar que Valdez Durán y su empresa PTS estuvieron implicados en un escándalo en febrero de 2023. En ese entonces, se le acusó de intentar estafar al Estado dominicano mediante la adjudicación de un proyecto con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAN) como único proveedor, por un valor superior a los 600 millones de pesos. Sin embargo, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y los tribunales dominicanos impidieron que la operación se concretara.
Los denunciantes sostienen que Valdez Durán, quien anteriormente tenía un contrato con INAFOCAN para la elaboración de libros del Ministerio de Educación, ha sido contratado por la ADP y recibe un salario presuntamente proveniente de los fondos que se descuentan de los salarios de los maestros. Estos fondos, según los críticos, deberían destinarse exclusivamente al bienestar y la formación de los docentes afiliados, no al pago de servicios externos costosos.
Además, se cuestiona que Valdez Durán, siendo un profesor privado que dirige uno de los colegios de inglés más exclusivos de la capital, hable en nombre de los miembros de la ADP. Esta situación ha profundizado el descontento entre los profesores, quienes ven en la contratación de Valdez Durán una muestra de falta de transparencia y un posible mal uso de los recursos de la organización.
Ante esta situación, varios miembros de la ADP han levantado la voz para exigir una auditoría completa y detallada que esclarezca el uso de los fondos de la asociación. Afirman que no permitirán que los recursos obtenidos a través de sus aportes sean malgastados y advierten que, de confirmarse las irregularidades, tomarán acciones legales para salvaguardar la integridad financiera de la organización.
Este nuevo escándalo ha puesto en jaque la credibilidad de la ADP, abriendo un capítulo de confrontación interna que podría tener graves repercusiones para la organización y sus miembros. La demanda de transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en una prioridad para muchos, quienes temen que la falta de acción pueda socavar la confianza en la institución y debilitar la lucha por los derechos y el bienestar de los maestros en todo el país.