Santiago.– Un juez de atención permanente del distrito judicial de Santiago dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los cabecillas de una estructura que reclutó a mujeres para explotarlas sexualmente, en la ejecución de la Operación Flor de Loto con la cual rescató a 45 víctimas colombianas y venezolanas, en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo, al norte de esta ciudad.
El juez Jose de Asís además declaro el caso de complejidad contra los cabecillas de la red denominada Operación Flor de Loto integrada por los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.
El ministerio público informó que llevaban tres meses investigando la red para irrumpir en las entrañas de la estructura y conocer su modus operandi, y pudieron constatar que se trata de una bien estructurada organización del crimen, donde lograron rescatar a cuarenta y tres mujeres de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, a quienes los tratantes y proxenetas mantenían cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.
Las féminas eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, en tanto que dependían de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro, y es por esto que el ministerio público tras la investigación realizó unos 15 allanamientos y los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.
El órgano investigador, que solicita se imponga la prisión preventiva y se declare complejo el proceso, presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículos 265, 266, 333, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo; en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.
Los apartamentos donde residían las víctimas eran alquilados por los imputados, que las mantenían bajo vigilancia para garantizar la «inversión» realizada. A los procesados, también se les ocuparon sustancias controladas y armas de fuego.
En estos esfuerzos en los que la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, lograron colectar evidencias de la actividad criminal lucrativa a la que estas víctimas eran sometidas en calidad de mercancía, han contado con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y de la entidad internacional Anti-Trafficking Bureau (ATB).