Se trata de Launch on Demand, una compañía especialista en licencias de lanzamiento y servicios técnicos, quien liderará por seis meses dicho estudio de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el organismo de seguridad nacional de la República Dominicana que recientemente fue reorganizado bajo la Ley 01-24, y que ha sido objeto de fuertes críticas por partes de distintos sectores de la sociedad, porque se considera que sus disposiciones son contrarias a la libertad de expresión.

«El acuerdo con el DNI se centra en preocupaciones de seguridad nacional a corto plazo, pero pretende expandirse rápidamente para apoyar a la industria espacial comercial en América Latina«, dijo Burton Catledge, director de la empresa a cargo del estudio.

La información, publicada en Space News, un diario floridiano, asegura que el estudio que se realizará en la zona de Oviedo, en la provincia de Pedernales, permitirá al país «mejorar las capacidades críticas» de monitoreo y vigilancia satelital para abordar la migración ilegal, el tráfico de drogas y el daño ambiental.

Catledge, director de la empresa a cargo del estudio, también indicó que se realizará un análisis de corredores de vuelo, evaluación climatológica, evaluación de seguridad física e impactos en el espacio aéreo y marítimo.

En una imagen divulgada por Space News, un portal especializado en tecnología y tendencias de la industria espacial, se visualiza que el acuerdo fue firmado en el país por Luis Soto, director de la DNI, y por Catledge, el director de Launch on Demand.

Sobre la ley de la DNI y el estudio

La empresa a cargo del estudio, que se realizará en el país, alega que los puertos espaciales proporcionan un punto focal importante para impulsar la actividad política y regulatoria para apoyar una industria espacial emergente, o atraerla desde otros lugares, con beneficios para la aviación, los drones y otros sectores adyacentes.

Este acuerdo se da luego de que el pasado mes de abril, el Tribunal Constitucional (TC) informara que conoció siete expedientes que atacan la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Entre otras disposiciones, el artículo 11 de la polémica ley plantea que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que esta requiera, «sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal».

El mencionado artículo también atenta contra la intimidad de las personas, disposición que se encuentra establecida en el artículo 44 de la Constitución relacionado a la libertad de expresión e información que otorga a los ciudadanos, y a la protección del secreto profesional y cláusula de conciencia de los periodistas; además atenta contra la garantía efectiva de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva, según expone.