Este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó cargos contra 16 dominicanos involucrados en una red para estafar a cientos de estadounidenses de edad avanzada, la cual operaba desde la República Dominicana. Los 16 acusados se aprovecharon de los envejecientes, haciéndose pasar por los nietos, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados luego de un accidente automovilístico, para que estos se hicieran cargo de pagar los gastos legales en efectivo.

«En esta ´estafa de abuelos´, los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un abogado» dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.

Una vez que engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los call centers, conocidos como «cerradores«, supuestamente se hacían pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial, convenciendo a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.

Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel Fortuna Solano, Félix Samuel Reynoso Ventura y Carlos Javier Estévez, instruían a las victimas entregar el dinero a unos mensajeros que enviaban a las casas de los envejecientes estafados, otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.

Esos mensajeros con base en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, generalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos. Luego, los mensajeros llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana.

Los acusados, podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de US$250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de $500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero, de ser declarados culpables.

Según las declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y Nelson Rafael González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana y utilizaron una tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos.

Entre las víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares.