SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República desmintió este miércoles declaraciones de la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, en el sentido de que el Consejo Superior del órgano persecutor libró a su cliente de una posible condena por el manejo irregular de los recursos de la institución durante el período 2016-2020.
El Ministerio Público recordó que al exprocurador Rodríguez Sánchez, es el principal acusado en el expediente instrumentado a raíz de la Operación Medusa, se le atribuye dirigir un entramado de corrupción administrativa que desfalcó al Estado con más de 6,000 millones de pesos.
“Es penoso que la defensa de Alain Rodríguez trate de confundir a la opinión pública, olvidando que toda la población sabe que lo único que hizo el Consejo Superior del Ministerio Público, que el propio acusado presidía, fue recibir su rendición de cuentas”, sostiene.
El Ministerio Público comunicó que los abogados saben que el Consejo es un órgano de gobierno corresponsable de una determinada administración, “jamás un órgano de investigación o un tribunal que juzgue delitos cometidos por un determinado gerente y por los que el o los responsables tendrían que responder ante los tribunales”.
El conocimiento del expediente en la fase preliminar del proceso está a cargo del juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien tiene la responsabilidad de decidir si envía o no a juicio a Rodríguez Sánchez y compartes por desfalcar miles de millones de pesos del dinero de todos los contribuyentes.
Junto al exprocurador Rodríguez Sánchez son procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.
También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa, y Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. Además, el exasesor del imputado Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso contra 41 personas físicas y 22 empresas.