La Junta Central Electoral (JCE) que encabeza Román Jáquez tiene el reto de organizar elecciones complejas en febrero y mayo de 2024 por la separación total de las boletas en todos los niveles de elección, la gran cantidad de partidos políticos y movimientos accidentales, 44 en total, pero sobre todo por la desconfianza que históricamente ha caracterizado el resultado de las elecciones.
Para mantener la confianza de la población el órgano tiene que pasar la prueba de intervenir para evitar el uso de los recursos del Estado que siempre se denuncia por parte de los partidos de oposición y evitar ruidos alrededor del Centro de Cómputos, que históricamente ha sido la fuente de los problemas de credibilidad que han afectado a la JCE.
Como parte de las medidas de la JCE para garantizar la transparencia y generar confianza en el montaje de las elecciones, firmó un convenio con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/Capel), firmaron un convenio de cooperación para la realización de una auditoría técnica al sistema de escrutinio, digitalización, escaneo y transmisión de resultados (EDET) que será utilizado en las elecciones de 2024.
La JCE descartó el uso de los escáneres que se utilizaron en las elecciones de 2020 y fueron comprados en 2016, debido a desperfectos técnicos. El órgano informó que en lugar de esos equipos utilizará laptops para la transmisión de los resultados de los comicios de 2020.
Igualmente, los funcionarios electos para la Dirección de Informática cuentan con el respaldo de los partidos políticos, que no presentaron reparos cuando fueron anunciados el director y seis subdirectores.
Independientes
Los actuales miembros del organismo fueron electos bajo la filosofía de que son independientes como garantía de confianza en el montaje y resultado del proceso electoral.
Además de Jáquez componen el órgano Dolores Fernández, Chami Isa, Rafael Vallejo Santelises y Patricia Lorenzo. Todos fueron elegidos en 2020, luego de las elecciones de ese año.
Hasta el momento, los partidos políticos no han externado mayores quejas sobre el desarrollo de los trabajos del montaje de los comicios de 2024, pero hay quejas de algunos partidos de oposición, especialmente la FP, que constantemente hace señalamientos críticos al órgano comicial.
De su lado, la JCE ha madrugado en el montaje de las elecciones y definió con tiempo el modelo de escrutinio que será automatizado con digitalización de las actas para la transmisión de los resultados. Igualmente en la formación del personal que trabajará en los colegios, recintos y en las juntas electorales.
El pleno de la JCE se había quejado porque no fueron asignados los recursos que había solicitado en el Presupuesto de 2024, pero recientemente en una reunión con el presidente Luis Abinader, recibió la garantía de que tendrá los recursos que necesita para el éxito del montaje de las elecciones de 2024.
Uno de los retos de la JCE es implementar el voto preferencial para los vocales de distritos y directores, que se aplicará por primera vez en las elecciones del 18 de febrero del próximo año.
El órgano también ha emitido las resoluciones y reglamentos para las reglas que deben regir el proceso electoral.
La JCE tiene pendiente completar el proceso para permitir el voto penitenciario que pretende implementar por primera vez. Para ese proceso, el pleno aprobó el reglamento correspondiente.
También aprobó el voto en casa para las personas con discapacidades que tienen dificultades para trasladarse a los centros de votación.
Con el ojo en dinero ilícito
El presidente de la JCE, Román Jáquez, ha sido particularmente insistente en que la JCE trabaja para evitar que los recursos de origen ilícito, como el narcotráfico, no penetren en la campaña electoral. La JCE creó la Unidad Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos con carácter permanente, no solo en la etapa electoral.
Concomitantemente, la JCE contempla la aplicación de tecnologías financieras integrales para las operaciones contables de las organizaciones políticas, con el propósito de fortalecer los procesos de supervisión y fiscalización de sus ingresos y egresos durante la campaña y la precampaña.
Recientemente, Jáquez advirtió que si el órgano detecta el uso de recursos ilícitos durante el proceso electoral lo denunciará ante la jurisdicción penal, en virtud de las facultades que le reconoce la Ley 20-23, orgánica del régimen electoral. “Si hay recursos provenientes del crimen organizado, del narcotráfico o lavado de activos, ya el sistema penal ordinario entra en acción”, puntualizó.
Jáquez también ha advertido que el dinero ilícito puede penetrar en la campaña a través de los movimientos de apoyo externo y que esos grupos están fuera del alcance de la ley.
Las denuncias que la JCE no ha respondido
Los partidos de oposición denunciaron hace casi dos años ante la JCE que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) habría estado “comprando” a los alcaldes de los partidos de oposición supuestamente con los recursos del Estado. Sin embargo, la JCE nunca ha respondido a esa denuncia. Más recientemente, recibió la denuncia de que supuestamente el presidente Luis Abinader usa los recursos del Estado para promover su reelección. Como medios probatorios depositaron un audio que contiene la intervención del mandatario en la rueda de prensa denominada LA Semanal. Es un encuentro que tiene el presidente Abinader todos los lunes con comunicadores y periodistas en el Palacio.