En respuesta a esa construcción, el Gobierno dominicano cerró todas sus fronteras con Haití durante 25 días
El canciller Roberto Álvarez participará este jueves en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde expondrá la situación que se ha generado entre República Dominicana y Haití debido a la construcción ilegal de un canal del lado haitiano para desviar el cauce del río fronterizo Masacre-Dajabón.
A través de una nota de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que este encuentro fue solicitado por República Dominicana con el propósito de «brindar a los países miembros una «comprensión precisa del contexto y alcance de la situación en la zona fronteriza y promover la formación de opiniones objetivas».
La institución detalló que la presencia del ministro en la sede de la OEA en Washington, Estados Unidos, es parte de la agenda que el funcionario diplomático desarrolla en Estados Unidos esta semana, donde ya ha participó en la sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la que República Dominicana resultó electa para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo para el período 2024-2026, y donde ha sostenido reuniones con líderes para también tratar el tema del canal haitiano, calificado por el Gobierno como «ilegal y unilateral»
Crisis por el río Masacre
El canal de riego, centro de la polémica entre las dos naciones vecinas, comenzó su construcción en el año 2018 bajo un diseño de la empresa cubana DINVAI, el gobierno dominicano en varias ocasiones mostró su oposición a dicha obra hídrica al punto de solicitar su paralización, pero no fue sino después del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, que la infraestructura se detuvo.
República Dominicana, nuevamente solicitó la detención del canal y sentarse en la mesa de diálogo, advirtiendo que el desvío del caudal a través de la construcción de la obra hídrica representa una violación al Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje firmado por ambos países hace 94 años.
Al no encontrar «un interlocutor válido» en Haití y no lograr la paralización deseada, el Consejo de Seguridad del gobierno de Luis Abinader dispuso medidas estrictas como el cierre de la frontera, la suspensión de los visados y la migración de haitianos al país hasta que Haití detuviera la obra y retomara el diálogo.
Esta medida provocó millonarias pérdidas a las personas que dependen del comercio binacional de ambos países.
Tras 25 días de cierre, Abinader flexibilizó las medidas. Este lunes dispuso la apertura parcial de la frontera con corredores comerciales y autorizando únicamente la venta de productos de primera necesidad para los haitianos.
En cambio, Haití no ha detenido la obra. Ayer desvió el río. Utiliza para su defensa que el tratado de 1920 también dice que ambos países tienen derecho a utilizar de manera justa y equitativa los recursos hídricos binacionales, dentro de los límites de sus respectivos territorios para el riego de las tierras y otros fines agrícolas.