El gobierno dominicano agradece al Secretario General de la OEA, Luis Almagro,
por su llamado al diálogo frente al diferendo que se ha suscitado con Haití por la
construcción unilateral e ilegal de un canal de trasvase en el Río Dajabón.
República Dominicana reconoce que el diálogo es el mecanismo ideal para
solucionar cualquier diferencia; pero un diálogo efectivo requiere que ambas
partes posean, no solo la buena fe, sino también las capacidades institucionales
necesarias y el control efectivo de su territorio para aplicar las soluciones
concertadas.
La Constitución expresa que el territorio de República Dominicana es inalienable.
Añadiendo además que, los ríos y otros cursos de agua; el mar territorial, el suelo
y subsuelo marinos; el espacio aéreo y el espectro electromagnético conforman el
territorio nacional. El río Dajabón, que tiene su nacimiento y su desembocadura
dentro del territorio nacional, es inalienable. Esta condición implica que su titular,
el pueblo dominicano, no puede por ningún concepto privarse o ser privado de su
uso.
La construcción unilateral de un canal de trasvase con capacidad de desviar el
curso del agua de su cauce natural significaría la posible extinción del caudal del
río aguas abajo hasta su desembocadura. En términos prácticos esto permitiría la
enajenación de un bien de dominio público imprescindible, que sirve de sostén
para las actividades productivas de la zona y de sus recursos naturales.
Corresponde a las autoridades dominicanas la responsabilidad de garantizar el
uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos. Es menester, por tanto, que
la contraparte haitiana detenga inmediatamente la construcción unilateral e ilegal
del canal de trasvase conectado al río Dajabón-Masacre, hasta tanto se realicen,
por técnicos independientes y de común acuerdo, los estudios que determinen el
alcance, impacto y beneficiarios de la obra.
El gobierno haitiano debió suministrar en el momento oportuno la información
relativa a los estudios cartográficos, topográficos, geológicos, geotécnicos,
hidrológicos o de impacto ambiental necesarios para poder evaluar los beneficios
y riesgos del proyecto. Las propias autoridades del Ministerio de Agricultura,
Recursos Naturales y de Desarrollo Rural de Haití (MARNDR) reconocieron en un
documento entregado de manera informal que el proyecto carecía de planos al
momento de su ejecución.
El gobierno dominicano mantiene abierto su disposición al diálogo con las
autoridades haitianas, pero con la única condición de que decidan la paralización
de la construcción del canal de trasvase en el río Dajabón-Masacre.
Apelamos encarecidamente a la OEA, a través del Secretario General, a
interponer con urgencia sus buenos oficios de acuerdo con el mandato
establecido en su Carta, y en particular en su artículo 2 (C), con el objetivo de
asegurar una solución pacífica de la presente controversia y prevenir un mayor
deterioro de las relaciones entre los dos países. Esto reviste la mayor importancia
por el momento tan delicado, dado que en pocos días el Consejo de Seguridad de
la Organización de las Naciones Unidas decidirá sobre el despliegue de una misión
multinacional de seguridad y apoyo en Haití, para restaurar el orden público y la
institucionalidad en el Estado vecino.
El gobierno dominicano solicita al Secretario General visitar con urgencia la zona
en cuestión, recabar la información pertinente y rendir un informe detallado al
Consejo Permanente de la OEA, para su edificación sobre esta situación.
En adición, el gobierno dominicano se reserva el derecho a recurrir a los demás
órganos de la OEA o a cualquier otra instancia internacional relevante.
A los dos Estados conviene un acuerdo, logrado a través del dialogo, para el
aprovechamiento de las fuentes hidrográficas compartidas y que sea respetuoso
del espíritu y la letra del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 20 de febrero de 1929.