Un informe de la Cámara de Diputados acusa a los miembros del órgano fiscalizador de ocultar y alterar auditorías
En la agenda de la Cámara de Diputados del martes estuvo agendado el informe legislativo que recomienda un juicio político contra los cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas por cometer supuestas faltas graves en sus funciones, pero el tema no fue conocido porque aún no existe el consenso para debatirse.
El diputado Rogelio Alfonso Genao, quien presidió la comisión que elaboró el informe, explicó que, aunque el tema está en la agenda de sesiones de los diputados, aún «no existen las condiciones» para discutir el posible juicio político, ya que los opositores insisten en rechazar el informe por considerarlo «excesivo y desligado de la ley».
Genao explicó que para que el informe prospere en la Cámara de Diputados se necesita una votación de mayoría especial. Esta herramienta se usa para proyectos de leyes orgánicas, juicios políticos, procesos disciplinarios y otros casos.
Mayoría especial
Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con la mayoría requerida para aprobar cualquier iniciativa, en el caso de un juicio político necesitaría de forma obligatoria el respaldo de la oposicion
Desde el inicio de la nueva legislatura, el pasado 16 de agosto, el informe no había sido agendado. El martes se agregó en la lista de proyectos para aprobar en la sesión, pero no se conoció.
El diputado Genao dijo que «es un trámite normal» que los proyectos e investigaciones que ya tienen informes se agreguen en la agenda ordinaria, aunque no sean conocidos, pero resaltó que «en algún momento» la Cámara de Diputados tiene que conocer los asuntos pendientes para tomar una decisión «a un lado u otro».
Oposición rechaza
Los diputados del PRM votaron, a lo interno de la comisión, a favor de un posible juicio político contra los funcionarios que dirigen la Cámara de Cuentas. Sin embargo, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo le tumbaron el pulso al oficialismo al frenar el informe por entender que está desvinculado de la Constitución y porque, además, otras sanciones administrativas contra los miembros titulares del órgano auditor serían suficientes para amonestarlos