Santo Domingo.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó para este miércoles 9 de Agosto la lectura del fallo contra los 12 imputados por el Ministerio Público en la red que se dedicaba a eliminar y borrar los antecedentes criminales a cambio de soborno, desmantelada mediante la Operación Gavilán.
El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra los cinco principales cabecillas y para los siete que admitieron los hechos, quienes colaborarán con la investigación del Ministerio Público, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Además, solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La fiscal Sourelly Jáquez dijo que los imputados admitieron los hechos que están contenidos en la medida de coerción presentada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Sobre el proceso, Jáquez dijo que será investigado todo el que esté implicado en esos hechos.
“El Ministerio Público investiga todo, todo lo que, en este caso, ya sea fiscal, ya sea empleado, ya sea persona beneficiada con retiro de fichas, se va a investigar cada alegato y cada elemento de prueba o evidencia que se tenga de que una persona fue beneficiada”, dijo a periodistas que la abordaron cuando salía de la sala de audiencia.
Al responder preguntas sobre qué hará el Ministerio Público con las personas a quienes les borraron las fichas, dijo que “primero, se está restableciendo ya la base de datos de la Procuraduría General de la República, se tomaron las medidas previamente, antes, incluso, del operativo que dio origen a esta medida de coerción, y con relación a los beneficiados también”.
Agregó “que, en una segunda fase, muchos de ellos (a los que les borraron las fichas), van a estar siendo también sometidos por haber pagado los sobornos”.
Según el Ministerio Público, los doce imputados en el caso Gavilán borraron y alteraron registros de antecedentes penales a 16,958 personas