El juicio político contra la Cámara de Cuentas queda frenado hasta lograr acuerdos con oposición y el Código Penal ya no tiene esperanzas de ser sometido pronto
Aunque ambos proyectos fueron prioridad para la Cámara de Diputados, el informe que recomienda un juicio político contra la Cámara de Cuentas y el debatido Código Penal quedarán paralizados en el Poder Legislativo por desacuerdos de los propios legisladores.
A la actual legislatura congresual le quedan ocho días para finalizar y en ese tiempo, ni en los venideros, se contempla la aprobación de los proyectos.
Juicio político
El informe elaborado por una comisión especial de diputados en el que se acusa a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas de cometer faltas graves, podría quedar paralizado en el Congreso «hasta que haya un mejor ambiente» y se logren acuerdos con la oposición para aprobar la medida que busca destituir a los cinco funcionarios del organismo auditor.
El diputado Rogelio Alfonso Genao, quien presidió la comisión, sostuvo que, aunque el informe acusatorio que recomienda un juicio político está en agenda desde hace dos semanas, no se ha podido debatir en el hemiciclo por el insistente rechazo de la oposición.
El diputado reformista habló así porque para aprobar el informe que recomienda un juicio político contra los funcionarios que dirigen el órgano fiscalizador, se necesitarían al menos 127 votos y un apoyo obligatorio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, quienes elaboraron un informe disidente para rechazar las acusaciones contra la Cámara de Cuentas.
Actualmente, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, que respaldan el juicio político, suman 101 votos, una cantidad insuficiente que no llega a los 127 votos necesarios que se requieren para aprobar la medida. Los opositores registran una matrícula de 89 votos.
Oposición negada
Desde la oposición, y a pesar de las acusaciones graves que pesan contra los titulares de la Cámara de Cuentas, los diputados contrarios al oficialismo alegan que el informe que imputa a los funcionarios de la entidad auditora «no tiene sustento legal ni constitucional» y ven poco favorable un acuerdo con el partido gobernante para aprobar la sugerencia del juicio político.
Con el ambiente así, las probabilidades para que se conozca el informe en las próximas sesiones son muy bajas, tomando en cuenta que la actual legislatura concluye en ocho días y la próxima iniciará el 16 de agosto.
Diputados opinan
Para el diputado Juan Dionicio Restituyo, del partido Frente Amplio, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, «tiene toda la capacidad y potencia» para lograr que el informe acusatorio contra la Cámara de Cuentas sea aprobado antes que se acabe la legislatura congresual.
«La salida a esto es aprobar el informe, con algunas observaciones, para sacar de ahí a esos funcionarios que han demostrado que no pueden resolver sus temas en la Cámara de Cuentas», sostuvo Restituyo al considerar que los líos en la entidad están vinculados a corrupción e impunidad.
De su lado, el diputado Amado Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al hablar sobre un posible acuerdo entre oficialistas y opositores para lograr el juicio político, opinó que la militancia gobernante «no puede obligar a nadie» a variar su postura y dijo que «no se obligará» al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ni a la Fuerza del Pueblo «a cambiar su postura a favor de la corrupción».
Informe sin fecha
Por el rechazo de la oposición, el juicio político ahora queda sin fecha definida en el Congreso Nacional y el informe que elaboró una comisión de diputados que encontró faltas graves, se mantendrá en agenda por un tiempo indefinido.
Acusaciones
El referido informe elaborado por una comisión especial acusa a los cinco miembros titulares de la Cámara de Cuentas de supuestamente ocultar auditorías, alterar actas y entregar informes presupuestarios sin la debida documentación.
Código Penal sin esperanzas de aprobación
El mismo destino del juicio político podría llevar el proyecto del nuevo Código Penal, que aunque lleva años debatiéndose en una comisión de diputados, no ha logrado la aprobación necesaria para ser convertido en ley.
La novedosa pieza lleva los cuatro años de la actual gestión congresual caminando desde el Senado a la Cámara de Diputados y viceversa sin lograr los acuerdos necesarios entre los legisladores para impulsar la pieza.
Los diputados Fior Peguero, Gerardo Casanova, Amado Díaz y Juan Dionicio Restituyo atribuyeron el retraso de la pieza a «irresponsabilidad, hipocresía e impunidad» y vaticinaron que el proyecto no está en planes de ser aprobado en la Cámara Baja en la actual legislatura congresual.