La deuda de los contribuyentes asciende a RD$36,000 millones
Mipymes, entre los que se les ha dificultado cumplir con el fisco
La cantidad estimada de contribuyentes que se pueden acoger a la propuesta de ley de amnistía fiscal y otras facilidades tributarias sometida por el Poder Ejecutivo tiene deudas con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ascendentes a 36,000 millones de pesos. De este total, el impuesto adeudado es solo 12,900 millones y el resto son intereses y recargos.
Así lo informó ayer a Diario Libre el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente. En ese sentido, precisó que el gobierno estima que se recaudarán entre 6,000 y 10,000 millones de pesos -si se aprueba el proyecto-, dependiendo de la cantidad de contribuyentes aplicables.
El pasado 30 de junio, el Poder Ejecutivo, representado por el presidente Luis Abinader, presentó al titular de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el Proyecto de ley que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria.
Con este se busca establecer un tratamiento especial transitorio con el fin de conceder una amnistía fiscal y otras facilidades tributarias a entes públicos y privados.
«En la actualidad existe una cantidad significativa de contribuyentes que presentan deudas importantes, en donde los recargos e intereses superan con creces el monto del impuesto adeudado», dijo Vicente. «Como el contribuyente no ha ejercido su derecho a la prescripción la deuda se mantiene y dificulta el pago de impuestos corrientes. Esto se ha convertido en una dificultad importante para el cumplimiento voluntario de muchos contribuyentes, especialmente mipymes».
Anterior al recién proyecto propuesto, se han aplicado cuatro leyes que incluyen amnistías fiscales, abarcando la más reciente los años 2020 y 2021.
Datos publicados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), detallan los resultados de la siguiente manera:
- Con la Ley 11-01 sobre Amnistía Fiscal, del 2001, se recaudaron 1,714.7 millones de pesos.
- A través de la Ley 183-07 de Amnistía Fiscal, del 2007, se recaudaron 3,529.5 millones de pesos.
- Con la Ley 309-12, de Amnistía para el Fortalecimiento de la Capacidad Tributaria del Estado, Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Sostenible, del 2012, se recaudaron 5,586.0 millones de pesos durante cuatro años.
- Mediante la Ley 46-20, sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, del 2020, se recaudaron 35,269.4 millones de pesos. Un total de 43,955 contribuyentes se vieron beneficiados al acogerse a las facilidades de dicha ley entre el 5 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. El 57.3 % de los ingresos correspondió a facilidades de pago, mayormente para los impuestos sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS), sobre la renta a personas físicas y jurídicas y activos; 16 % a declaraciones de impuesto patrimonial revalorizado y 26.7 % por concepto de amnistía.
Cuestionan la amnistía
Para el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) las amnistías no deben verse como un premio, «sino como un fracaso del sistema tributario imperante». «Las amnistías tratan de corregir, de forma temporal, el mal diseño del sistema tributario», aseguró a Diario Libre, Miguel Collado Di Franco, su vicepresidente ejecutivo.
En tanto que el exministro de Energía y Minas, y exasesor en Políticas de Desarrollo del Poder Ejecutivo, Antonio Isa Conde, considera que las amnistías fiscales «son un instrumento usado con frecuencia por las administraciones tributarias con debilidades para recaudar adecuadamente y hacer cumplir los compromisos fiscales de los contribuyentes», objetivos que considera que persigue el proyecto sometido.
Externó su preocupación porque «desde hace años ser mala paga es un negocio rentable». «Esto no puede ser y el gobierno no debe propiciarlo. Hay que detenerse a pensar y no actuar bajo la presión de la urgencia recaudatoria».
En el país ya se han aplicado otras cuatro amnistías fiscales entre el 2001 y 2021. Con la nueva propuesta se busca establecer un tratamiento especial transitorio hasta el 20 de diciembre de 2023, que permita declarar prescritas de oficio las deudas tributarias que cumplan con determinados requisitos, al tiempo de instaurar un procedimiento abreviado de fiscalización, facilidades de pago y amnistiar deudas tributarias estatales.
Los beneficios
Quedarían sujetos a la aplicación de dicha ley las personas físicas y jurídicas, los entes estatales, aquellos sin personería jurídica y las sucesiones indivisas que presenten situaciones particulares. Entre los acuerdos de pagos que podría arribar la DGII, se proponen las deudas existentes que pesan sobre los propietarios, físicos o jurídicos de bancas de loterías.
En el proyecto también se propone declarar prescritas todas las deudas por concepto de obligaciones tributarias declarativas que estén transparentadas en la cuenta corriente del contribuyente al momento de la publicación de dicha ley, correspondientes a los ejercicios y periodos fiscales anteriores al 2015, inclusive, respecto a una serie de impuestos. Asimismo, facilidades de pago para deudas tributarias correspondiente a ejercicios y periodos fiscales posteriores al 2016 hasta el 2021.
El proyecto podría ser conocido en la sesión de la Cámara de Diputados que se efectuará el próximo martes a la 1 de la tarde. La Comisión de Hacienda del órgano legislativo, que preside el diputado José Santana, estaría encargada de estudiar la pieza -si se envía a dicha comisión- para luego rendir un informe ante el hemiciclo.
Pide reformar sistema
Ante la propuesta, Collado se va más allá. Analiza las causas posibles que llevaron a que se produjeran las deudas, como en este caso, que se procederán a amnistiar.
«Desde el Crees hemos venido proponiendo por una reforma tributaria que simplifique el sistema tributario de República Dominicana. Un sistema más simple, de menos figuras y menos procesos, es más fácil para su cumplimiento por parte de los contribuyentes, y para la Administración Tributaria poderlo fiscalizar», dijo.
Señaló que la experiencia con las reformas tributarias y arancelarias de la década de los años 1990 en República Dominicana, demostró que «tasas más bajas de tributación reducen el incentivo a la evasión y a la elusión fiscal».
El economista reflexionó en que la necesidad de nuevas amnistías disminuirían en el tiempo «si el sistema tributario dominicano fuera visto como parte de un entorno habilitador o entorno favorable para el desarrollo».