EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tanto legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como importantes dirigentes de esa organización política critican hoy el proyecto de ley de fideicomiso público que ya fue aprobado en el Senado de la República y ahora reposa en la Cámara de Diputados, pese a que en el año 2015 el entonces presidente Danilo Medina emitiera un decreto para el desarrollo de Pedernales y Bahía de las Águilas.
La disposición presidencial marcada con el número 186-15 fue emitida por Medina el 5 de junio del referido año mediante el cual se ordenaba en su artículo 1 “la Constitución de un Fideicomiso Público e Irrevocable, de desarrollo inmobiliario de infraestructuras turísticas, a ser denominado “Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales” (en lo adelante Fideicomiso DTP RD)”.
Este proyecto, sostiene la medida, se desarrollaría en el marco de las disposiciones de la Ley No.189-11, del 16 de julio de 2011, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la República Dominicana, y su Reglamento de Aplicación, establecido por el Decreto No.95-12, del 2 de marzo de 2012, y de las demás normas legales complementarias aplicables.
El decreto explicaba que el Fideicomiso DTP RD tendría por objeto la creación de las estructuras legales, financieras y administrativas independientes para la administración y/o disposición del patrimonio fideicomitido, el cual se compondría de los derechos y demás bienes muebles e inmuebles que serían aportados por el Estado dominicano y por aquellos activos y recursos que puedan ingresar a dicho patrimonio en cualquier momento.
Esto, continúa diciendo, “conforme a los mecanismos que sean previstos en el contrato de fideicomiso, con el propósito de crear un nuevo polo turístico, ecológico y sostenible, que abarcará la provincia Pedernales, con la finalidad de convertirla en zona líder de turismo, a través de la diversificación de sus mercados y productos.
En su artículo 3 el decreto añade que el Fideicomiso DTP RD podrá procurar los recursos que fueren necesarios para viabilizar su objeto mediante la incorporación de nuevos bienes al patrimonio fideicomitido, solicitados por el Comité Fiduciario y/o realizados por el Estado dominicano, con la aceptación de la Fiduciaria.
Asimismo, la venta, alquiler, concesión o disposición de los bienes que conforman el patrimonio fideicomitido, conforme a las instrucciones que sean provistas por el Comité Fiduciario; financiamientos bancarios o de cualquier naturaleza, la emisión de oferta pública contra garantía del patrimonio; donaciones o aportes de terceros; y cualquier otro mecanismo de financiación o capitalización que el Comité Fiduciario estime conveniente.
El decreto señala en su artículo 4 que serán partes en el Fideicomiso DTP RD: el Estado dominicano, como Fideicomitente y Fideicomisario y la sociedad Fiduciaria Reservas, S. A., como la Fiduciaria.
Críticas al proyecto
Las críticas al referido proyecto han estado a la orden del día dentro del PLD, siendo uno de sus principales detractores el exministro de Economía Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez.
El también vicepresidente del partido morado sostuvo el pasado 27 de diciembre que esa pieza sería un “enorme retroceso a la transparencia y la institucionalidad”.
“La propuesta de ley en el artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones, sustituyéndola por un reglamento propio de cada fideicomiso. Esto es violatorio a la Ley 340-06 artículo 2 y a la sentencia del Tribunal Constitucional 0305 de diciembre de 2014”, explicó Jiménez en esa ocasión en una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red Twitter.
De su lado, su compañero diputado, Radhamés Camacho, aseguró que los legisladores oficialistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) quieren hacer uso de su mayoría para aprobar la pieza sin el consenso.
“Con esta ley, el gobierno del PRM quiere dar a la institucionalidad del país, pues permite la creación de un gobierno paralelo exento de las leyes y reglamentos para el uso de fondos públicos, desconociendo la necesidad de cumplir con las leyes de compras y contrataciones, función pública, crédito público y demás”, dijo Camacho.
El legislador dijo que el gobierno tiene un “afán” por privatizar y que pretenden manejar la cosa pública “como si fuera una empresa, sin cumplir con los controles que todo gobierno debe tener para el manejo correcto y transparente de los fondos públicos”.