La medida, apegada a ley 340-06, abarca a ministros, directores, diputados, senadores y alcaldes
Los procesos anulados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en los últimos dos años involucraron un monto de RD$2,789 millones. Como consecuencia, se procedió a la suspensión e inhabilitación de los registros de 333 proveedores.
El director general de la entidad, Carlos Pimentel Florenzán, ofreció la información en la entrevista especial elCaribe-CDN.
De acuerdo con el funcionario, entre las irregularidades más comunes detectadas están la participación de proveedores con documentaciones y credenciales falsas como registro mercantil, títulos y cartas.
La DGCP procedió a la suspensión e inhabilitación de los 333 proveedores en ocasiones de manera temporal en otras permanente por figurar en el régimen de incompatibilidad y por irregularidades identificadas en los procesos.
Medidas
El titular de la entidad destacó que una de las primeras medidas tomadas al inicio de la gestión fue la nulidad del registro de proveedor de 266 funcionarios que se encontraban en el régimen de incompatibilidad y que figuraban con acciones mayores a un 10 % en las empresas participantes.
Entre los funcionarios a quienes les fueron suspendidos sus registros para contratar con el Estado están ministros, directores, diputados, senadores y alcaldes.
“Eso no quiere decir que un funcionario a través de un mecanismo de ocultar su identidad decida participar en un proceso de contrataciones, lo pudiera estar haciendo, por eso desde la dirección en coordinación de la Unidad Financiera, la Contraloría de la República, estamos trabajando en los mecanismos que permitan fortalecer la identificación de los beneficiarios reales de los procesos de contrataciones públicas”, puntualizó.
No obstante, sostuvo que siempre que se cancela un procedimiento hay un bien, servicio u obra que va a dilatar un poco más para llegar a la población, “pero cuando los procesos no son hechos correctamente y no están apegados a la ley, se tienen que tomar decisiones”.
Guía para procesos
Por estas razones, la entidad que preside lanzó una guía para la debida diligencia, tras considerar que ya no es suficiente que las unidades de compras evalúen la oferta técnica y la económica y la adjudiquen.
En igualdad de condiciones
En respuesta a comentarios de funcionarios y proveedores que critican su posición y accionar, expresó lo siguiente: “Yo no tengo compromisos ni conflictos con nadie. Ahora, yo siempre voy a cumplir mi rol, y mientras estemos aquí no importa la función ni la jerarquía que pueda tener el funcionario que dirija la institución que sea objeto de un recurso”.
Más de mil reclamos atendidos
Resaltó que al llegar a la Dirección de Contrataciones se encontró con la lentitud de los procesos y una desidia en las toma de decisiones. “Uno de los compromisos que hicimos cuando llegamos es que íbamos a revisar todo lo que encontramos, y así lo hicimos”, dijo.
En consecuencia, al día de hoy tienen medidas cautelares y recursos pendientes del último tramo del 2021 y del año 2022. “Se han tomado decisiones vinculadas a la actual gestión tanto de recursos como de medidas cautelares o de los procesos apoderados de oficio”, agregó.
Pimentel indicó que son más de mil procesos conocidos y con decisión sobre la base del debido proceso. No obstante, garantizó que continuarán trabajando para reducir los tiempos de respuestas.
La actual gestión registra 1,446 solicitudes recibidas relacionadas con reclamos, con un cumplimiento de respuesta de un 100 %. También se abrieron seis investigaciones iniciadas de oficio.
De las 505 resoluciones emitidas, 71 fueron dirigidas a anular actos administrativos, 47 ordenaron la inhabilitación de registro de proveedor del Estado, 4 conllevaron la suspensión de procedimientos de contratación y otras 4 tenían como objeto anularlos.
Aumento en contrataciones
Pimentel aseguró que en los últimos dos años se registró un incremento histórico de un 53 por ciento en los procesos de compras y contrataciones. El monto adjudicado en este tiempo asciende a RD$237,596 millones.
En efecto, en el período analizado el registro de proveedores del Estado experimentó un crecimiento del 22% con 19,040 nuevas empresas registradas.
Actualmente, el Estado cuenta con un total de 106,313 proveedores registrados.
PORTAL TRANSACCIONAL
Conforme a las estadísticas que presenta la institución, desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha, el Portal Transaccional ha recibido el 48.6% de su histórico de ofertas totales que data del año 2015.
“En estos dos años se ha transado, adjudicado y contratado en el portal más de lo que se hizo del 2015 al 2020. Los datos están ahí”, afirmó Pimentel.
En el segundo año de gestión fue transado por el Portal Transaccional un monto total de RD$152,621 millones en 64,604 contratos adjudicados, para un incremento de 19.3% en comparación al mismo periodo del año anterior.
Asimismo, en los últimos dos años se recibieron 266,311 ofertas digitales, cantidad que representa el 63% del total de las recibidas.
Generando confianza
Actualmente en el sistema electrónico de contrataciones transan, adquieren bienes y servicio y contratan obras, 470 entidades del Estado y 60 hospitales.
Según Pimentel, la cantidad de ayuntamientos que realizan sus procesos por el portal aumentó en un 100 %. Logro que dice evidencia el fortalecimiento del sistema electrónico.
Como muestra de confianza, citó que entidades del Estado con autonomía constitucional ya transan por el portal. Se refiere a la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas, Procuraduría General de la República, Superintendencia de Bancos y otras.
La reforma al sistema
El funcionario se refirió al proyecto de modificación a la Ley 340-06, que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, como una reforma integral, profunda y completa al sistema de contrataciones públicas.
Pimentel aseguró que la iniciativa viene a fortalecer aspectos de transparencia, control y el sistema de consecuencias y sanciones.
Uno de los componentes más necesarios a juicio del titular de la DGCP, que trae este instrumento es la eficiencia de los procesos. En ese sentido, el proyecto legislativo plantea nuevas modalidades de contratación, como la licitación abreviada. “No es lo mismo una licitación para construir un puente, que una para adquirir diez camionetas. La complejidad del objeto de contratación es distinto, entonces no tiene por qué tener un plazo de presentar oferta de 30 días en una licitación abreviada”, explicó.
CONVENIOS
El documento también propone la modalidad de contratación conocida como convenios marcos, que buscan la eficiencia del gasto público.
“No puede ser que todas las instituciones del Estado estén comprando todas, por decir algo, licencias de algún equipamiento tecnológico, por qué no hacemos un convenio marco donde diez ministerios se pongan de acuerdo para comprar la licencia a mayor volumen y así existe la posibilidad de jugar al tema de mejor precio”, expuso.
En el componente de contrataciones que contribuyen al desarrollo, en el referido proyecto se plantea llevar de un 20 a un 30 por ciento la participación de las mipymes en el mercado público y ampliar el anticipo para estas.
En esa línea, se busca insertar la adquisición de compras estratégicas como la agricultura familiar y los principios de sostenibilidad e innovación a los fines de que el Estado pueda contratar soluciones.
El 83 % de denuncias no tiene sustento
En adición, la institución realiza un monitoreo constante a los reclamos y denuncias relacionados con los procesos de contrataciones, ventilados a través de las redes sociales y medios de comunicación. El análisis de este levantamiento arrojó que cerca de un 83 por ciento de estas denuncias no tiene sustento, ya sea porque la información presentada es técnicamente incorrecta o porque la misma trata de manipular mediante el texto o la supuesta evidencia de lo que se presenta. Al respecto, Pimentel afirmó que todos estos reclamos recibieron respuestas por el órgano rector. “No hay una denuncia que tenga sustento sobre contrataciones que nosotros no hayamos actuados”, aseguró el funcionario.
RIESGO
El área de mayores niveles de vulnerabilidad y de corrupción del Estado dominicano es la contrataciones públicas”
NADA QUE LO ATE
No tengo compromisos ni conflictos con nadie. Ahora, yo siempre voy a cumplir con mi rol y mi función mientras estemos aquí”
