El Tribunal Constitucional ordenó al alcalde de Santiago, Abel Martínez Durán, consignar en el presupuesto del 2023 una partida de RD$3,956,197.18, correspondiente a capital e intereses de una condena civil en favor de un contratista.
El Constitucional otorgó un plazo de 30 días calendarios, contados a partir de la fecha de la notificación de la decisión, para que Martínez Durán, en calidad de alcalde del Ayuntamiento de Santiago, cumpla con el mandato del fallo. Impuso al ayuntamiento el pago de una astreinte de RD$5,000.00, por cada día de retardo en la ejecución de la decisión, en favor Franklin Martínez.
La sentencia que el TC ordena cumplir al cabildo de Santiago es la número 358-2017-SSEN-00188, dictada el 7 de abril de 2017 por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. El TC dispuso que el cabildo especifique en el presupuesto el beneficiario y los datos de la sentencia condenatoria.