La Defensora del Pueblo de Ucrania, Liudmila Denisova, ha trasladado este martes tras un encuentro con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, que son ya más de 1,3 millones de sus ciudadanos — incluidos 223.000 niños– los que han sido deportados a Rusia contra su voluntad.
«El tema clave del diálogo con el jefe de ACNUR ha sido la deportación forzosa de más de 1.300.000 ucranianos a Rusia, incluidos 223.000 niños», ha contado Denisova, quien ha añadido «que mucho antes de la invasión militar», Rusia ya estaba preparándose para deportar a ciudadanos ucranianos a su territorio».
Denisova ha alertado de que Moscú «no se detendrán» y seguirán llevando a cabo estas deportaciones pues cuentan con capacidad suficiente para reubicar a estas personas. «El 33 por ciento de estos lugares en Rusia aún no están llenos», ha señalado argumentando disponer de «evidencias documentales» que lo acredita.
En ese sentido, Denisova ha reclamado a las autoridades rusas que permitan el acceso sin trabas a estas personas a los defensores internacionales de Derechos Humanos, tal y como marca el Consejo de Naciones Unidas, informa Ukrinform.
En lo que respecta a la situación de los menores, la Defensora del Pueblo ha puesto de relieve algunas de las trabas que han padecido muchos de los niños, que en ocasiones huyeron de la guerra «sin representantes legales», o incluso han sido devueltos a Ucrania tras permanecer un tiempo en algunos otros países europeos.
Por su parte, Grandi ha lamentado que actualmente ACNUR no tiene acceso a los ucranianos que han sido desplazados a Rusia, a pesar incluso de los acuerdos con la Cruz Roja Rusa, que gestiona la transferencia de ayuda humanitaria y alojamiento temporal en cuatro regiones del país.
Por ello, Grandi ha pedido que esas «evidencias documentales» de las que ha hablado Denisova sirvan para reforzar las pruebas del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en sus conversaciones con el Kremlin.