Tras la muerte de tres ciudadanos de forma confusa mientras estaban bajo custodia policial, el Defensor del Pueblo realizó un informe especial sobre la situación en la cual perdieron la vida José Gregorio Custodio, Richard Rafael Báez y David de los Santos.

La institución indica que la muerte de estos ciudadanos pudo ser «perfectamente evitables» y que el factor común de las mismas fue «arbitrariedad, abuso, incumplimiento, inobservancia, exceso y connivencia».

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa Castillo, tras presentar el informe preliminar indicó que «reprueba y deplora» las acciones y omisiones atribuidas a los agentes de la Policía Nacional que están involucrados en la muerte de Custodio, Báez y De los Santos.

Pidió al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, emitir instrucciones para elevar los niveles de transparencia y efectividad de las investigaciones disciplinarias para corregir y prevenir las conductas de los agentes del orden.

De igual manera, exhorta a Then a que instruya a los mandos de la informada para que orienten de forma adecuada a sus subordinados, sobre la importancia de cumplir con la obligación de preservar los derechos y las garantías del ciudadano.

Exigió al Consejo Superior Policial que sea aprobado con carácter de urgencia un protocolo de actuación para los miembros de la uniformada, respecto al trato de personas en condición de vulnerabilidad, especialmente para aquellas que padecen de un trastorno o alteración mental.

También exhorta al Ministerio Público asumir de forma proactiva las funciones de supervisión y tutela de los derechos de las personas detenidas en los distintos recintos policiales del país o centros de detención provisional.

Ulloa llamó a la ciudadanía a denunciar por todos los canales disponibles las acciones que pongan en riesgo la vida o atenten contra la dignidad y integridad de las personas detenidas en los cuarteles.

Las investigaciones realizadas por la institución buscan determinar el nivel de responsabilidad de quienes están llamados a garantizar la vida de las personas.

«El deber de cualquier servidor público es hacer cumplir la ley sin atropellos, arbitrariedades y preservando a todo costo los derechos fundamentales de las personas», indica el informe del Defensor del Pueblo.

Precisa que los hechos de los últimos días demuestran lo contrario y que afectan la confianza que la población ha depositado en la Policía Nacional y en quienes las integra