A un mes de los conflictos y agresiones que se esce­nificaron en el canódromo “El Coco”, los ciudadanos que asisten a buscar sus vehículos aseguran que desde entonces los servi­cios han mejorado en cali­dad y velocidad.

“Parece que tenía que pasar eso (refiriéndose a la agresión policial) para que atendieran a uno más rápi­do”, expuso Andrés Encar­nación, quien no pudo lle­varse su carro la mañana de este miércoles por falta de documentación.

Al igual que Encarna­ción, otros de los presen­tes, que entraban y salían sin esperar mucho en la puerta del centro de reten­ción vehicular de la Direc­ción General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), coin­cidieron en que el cambio de administración “agilizó las cosas”.

Hansel Cuevas, por ejemplo, explicó que su motor tenía dos meses re­tenido en “El Coco” y lo consiguió después de va­rios viajes.

Mientras desempolvaba la motocicleta y evaluaba su estado, Cuevas detalló que las autoridades le despoja­ron del vehículo luego de ir a reportar un accidente de tránsito.

“Yo fui disque a repor­tarlo y me quitaron el mo­tor”, indicó, al tiempo que señaló que fue por medio de los videos del encon­tronazo en el que agentes de la Digesett agredieron al titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a periodistas del Listín Dia­rio y CDN que pudo hallar su motor entre los cientos apilados.

“Yo lo vi y lo ubiqué de una vez”, dijo entre risas.

Otro que llegó tempra­no al canódromo a buscar una de las unidades fue Ri­cardo Vicente, quien junto a su hermano procuraba una motocicleta detenida desde hace cuatro meses.

Vicente argumentó que “no había suerte con la mu­jer que había (la anterior encargada del lugar, coro­nela Ysbelita de los Santos Pérez, destituida tras el con­flicto)”, por lo que rescatar “cualquier vehículo era una lucha”.

“Esa mujer era el… y le hablaba mal a todo el mun­do”, puntualizó.

Asimismo, destacó que la anterior dotación que junto a De los Santos Pérez tenía a su cargo “El Coco” sustraían los motores de quienes iban a acompañar a otros ciuda­danos a recuperar los suyos.

“Ellos decían que uno no se podía parar en la ori­lla y hasta te quitaban el motor y te lo metían para allá”, agregó.

Comisión

Por el momento, una comi­sión integrada por repre­sentantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Po­licía (MIP), el Defensor del Pueblo, el Instituto Nacio­nal de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Di­gesett, examinan el estatus jurídico de todos los vehí­culos para posteriormente realizar una entrega “expe­dita” a los ciudadanos que muestren la documenta­ción que los acredite como sus legítimos propietarios.

El atropello

Entre las doce y la una de la tarde del 11 de abril pasado, la libertad de prensa en la República Dominicana sufriría un golpe porque lo que se consideraba una labor normal de la prensa para investigar las denuncias de extorsión a propietarios de vehículos retenidos en el Canódromo El Coco, se convirtió en una agresión, despojo de equipos de tra­bajo periodístico y golpeo físico a periodistas y el De­fensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Oficiales y miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que retienen vehículos en el Canódromo El Coco impidieron violentamente la labor de la prensa y la inspección del Defensor del Pueblo.

Los policías golpearon con macanas, palo de golf y puños a los periodistas, lo que fue registrado por videos que inundaron los medios de comunicación y las redes sociales.

Entrega vehículos será expedita

La comisión dijo que examinaría el estatus jurídico de todos los vehículos retenidos y se realizaría una entrega “expedita” a los ciudadanos que demuestren la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios.