El Ministerio Público estableció que posee todas evidencias contra el legislador que sustentan la imputación por violentar los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, la cual regula el otorgamiento de la fuerza pública y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre violación de propiedad.

Tras conocer la audiencia preliminar, la jueza  consideró que la acusación presentada por los fiscales tiene méritos suficientes para que el diputado sea juzgado por las acusaciones que hay en su contra.

De esa manera la magistrada acogió la solicitud del Ministerio Público, pero le rechazó la petición de imponerle al legislador Domínguez presentación periódica como medida de coerción.

Ahora, el expediente será remitido a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que, más adelante conocerá el juicio contra el diputado perremeísta.

Luego del fallo, el fiscal Rafael Suárez dijo que el Ministerio Público tiene las pruebas suficientes para que Domínguez Domínguez sea condenado.

En la audiencia pasada, la defensa del legislador se había mostrado confiada en que la acusación presentada por el Ministerio no prosperaría y solicitó a la jueza Acosta emitir un auto de no ha lugar su favor, petición que le fue rechazada.

Desde hace meses el Ministerio Público  presentó una acusación formal contra el legislador, en la cual plantea que actuó en detrimento de Lucila Capellán Luna y le atribuye en calidad de autor, la comisión de los tipos penales ejecución de medidas ejecutorias y conservatorias inobservando el procedimiento de ley, tomar participación o requerir la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio e introducirse a una propiedad inmobiliaria sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario.

El expediente señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime)  y Emmanuel de Jesús Williams Molina, empleado del legislador el primero y chofer de la retroexcavadora el segundo, se presentaron, por instrucciones del imputado, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde la víctima Capellán Luna construía su vivienda.

Explica que una vez en el lugar, Catalino Martínez y Williams Molina procedieron, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del imputado, al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la víctima, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo.

El órgano acusador ha dicho que cuenta con diversas pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas o demostrativas.