Algunos dueños de negocios recibieron hasta RD$1.3 millones por permitir el uso de su aparato
Dueños o encargados de los establecimientos afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) “empeñan” sus verifones por diversos montos de dinero, que en ocasiones superan el millón de pesos, permitiendo así que se pueda materializar el fraude al programa de auxilio social Supérate.
Con dicho subsidio, el Gobierno, a través de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) hace transferencias monetarias a personas de escasos recursos para que puedan usarlo en la compra de alimentos, medicinas y gas de cocina.
Desde el Departamento de Jurídica de la Adess informaron sobre la propietaria de un colmado que declaró haber empeñado su verifone (aparato electrónico para pagos de la tarjetas) por 1.3 millones de pesos.
Pero entre los casos que se han judicializado hasta el momento por fraudes que, en los últimos dos años se estiman en unos 300 millones de pesos, se manejan porcentajes diversos entre los confabulados que pueden ser de hasta un 40 % para los dueños del negocio y el restante para el clonador de la tarjeta.
En las investigaciones que llevaron a la detención en Santiago de cuatro personas que se dedicaban a clonar las tarjetas de Supérate, las autoridades establecieron que el grupo logró realizar unas 210 transacciones en un mes, tanto en colmados como estaciones de combustibles.
El caso incluye a un exempleado de Adess que, según el expediente, pasaba información a los cómplices sobre datos de los beneficiarios y saldos de las tarjetas.
Los procesados son el delegado de Adess, Eddy Nelson Rodríguez Cepeda, Edwin Luis Peralta Jiménez, Salent Miguel Vásquez Dumit y Deiby Alexander Grullón Báez.
El grupo fue perseguido luego que, a dos de ellos, la Policía Nacional los detuvo con cientos de tarjetas del programa Solidaridad (hoy Supérate), tras intentar usarlas en una bomba de combustible.
De acuerdo con la relación de hechos del caso, tanto Peralta Jiménez como Vásquez Dumit habían acudido al referido establecimiento en otras ocasiones y ofrecían comisiones de 28 y 57 pesos por cada transacción de 228 pesos que realizaran.
Los fraudes son variados, sea con la tarjeta electrónica o con la cédula de identidad de los beneficiarios, a las que los estafadores tienen acceso irregular. Conforme indica la Adess, desde 2020 se han constituido en actor civil y querellado en unos seis casos que involucran a unas 40 personas procesadas.
También investigan 86 establecimientos por la comisión y /o tentativa de estafa mediante la clonación de las tarjetas, incluido el caso más reciente en que seis personas de igual número de establecimientos fueron sometidas por fraudes realizados en febrero pasado que se estiman en más de 100 millones de pesos.
A los seis sometidos en esas operaciones se le calculan transacciones por unos 14 millones de pesos, realizadas entre el 18 y 20 de febrero, algunas de ellas en horas de la madrugada, pese a estar prohibido aprobarlas en ese horario.
Las investigaciones avanzan y el sistema trata blindarse para intentar detener a los estafadores. Gloria Reyes, directora de Supérate, informó que “es posible que la próxima semana tengan más información en detalle”. Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, aseguró este jueves se reunirá con la Procuraduría. “La Superintendencia de Bancos tiene tres semanas reunida con todas las entidades bancarias y se ha desplegado un protocolo más generoso, de más control, de encriptamiento y enmáscaramiento de datos para identificar cualquier vulnerabilidad”, según Gloria Reyes.