La propuesta del Poder Ejecutivo primero debe ser aprobada por el Congreso
Este jueves el presidente Luis Abinader destituyó al ingeniero Serafín Canario de la administración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. En el decreto 679-21, que contiene la disposición, el mandatario no designa sustituto.
Sin embargo, el pasado 3 de septiembre, el mandatario dispuso mediante el decreto 538-21 que Punta Catalina sea administrada por un fideicomiso público. La decisión se enmarca dentro del proceso de liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), institución responsable de la central.
Con la creación del fideicomiso son transferidos los activos y pasivos de la termoeléctrica a la fiduciaria Reservas, S.A. para su administración, el Estado dominicano, representado por la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) actúa como deicomitente, y representado por el Ministerio de Hacienda como deicomisario.
Para el denominado “Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC)” se conformó un Comité Técnico integrado por Celso José Marranzini Pérez (presidente), José Luis Actis (vicepresidente), Noel Báez Paredes (secretario), George Ángel Reinoso Núñez y a John A. De Armas (miembros).
A este Comité se le dio poder, por decreto, para deliberar, aprobar las actuaciones que procuren el cumplimiento del objeto y fines del Fideicomiso CTPC, además de designar al director ejecutivo del mismo.
El director tiene como función supervisar la conducción de Punta Catalina, sus operaciones y las actuaciones del operador y la fiduciaria bajo las instrucciones del Comité.
El ejecutivo no especificó cómo sería reclutado este gerente o si debe ser escogido entre los miembros del Comité.
Mantenimiento
Además de asegurar una estructura de gestión y administración trasparente e independiente, el Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC) tiene también el propósito de procurar la adecuada operación de la infraestructura, así como la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento.
De lo último se encargará una firma internacional dijo en su momento el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, esto para “sacar a los políticos” de la operatividad de la planta de carbón.
Debe pasar al Congreso
Como se trata de enajenación de bienes del Estado, la Constitución establece que debe aprobarlo el Congreso. En ese sentido, el ministro de Hacienda dijo el pasado 3 de septiembre que el proyecto iría al Congreso. “Este es el penúltimo paso del proceso de liquidación de la CDEEE. Solo queda el sometimiento del proyecto de ley al Congreso eliminando esa entidad. La comisión de liquidación está bien cerca de concluir su trabajo. Lo grande ya se ha hecho”, tuiteó Vicente en el momento.