29 de 32 senadores se revelan: proponen eliminar exoneraciones y todas las exenciones

Dicen que se deben quitar beneficios a iglesias, empresarios, y funcionarios públicos

Colegio Periodistas considera “imprudentes e insensatos” los comentarios de legisladores

Las exoneraciones de los legisladores volvieron a causar revuelo y rechazo ante la opinión pública ahora por la condicionante de varios diputados de que para renunciar a ese beneficio deben recibir un incremento de sueldo y que la exención se retire a todos los sectores.

Actores sociales y religiosos elevaron ayer sus críticas sobre el tema, mientras diputados de diferentes bancadas asumieron la defensa de la dispensa.

Casi una decena de diputados opositores y oficialistas coincidieron en que se eliminen las exoneraciones, pero mantienen la postura de que también a los que se benefician de todas las instituciones del Estado. Otros se mostraron a favor de que se les haga un reajuste de sueldo como compensación en caso de que se les retiren las exoneraciones.

Sobre el tema se pronunciaron la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que han estado en contra de la práctica de los legisladores de hacer uso de las exoneraciones. Ratificó la posición de que resulta inconsecuente que un grupo mayoritario de legisladores haya convertido una norma, en su origen destinada a facilitar el trabajo legislativo, en un mecanismo reprobable.

Para el presidente del Codue, Feliciano Lacen, sería imprudente hablar de un aumento salarial para los legisladores, más aun cuando la mayoría de los salarios públicos y privados están muy por debajo del costo real de canasta familiar.

Consideró que es tiempo de que los líderes políticos, sociales, empresariales y gremiales, den muestra de sacrificio y de tener realmente el deseo de servir. “Para esto se debe demostrar en la práctica que existen voluntades”, añadió.

Mientras Aurelio Henríquez, presidente del CDP, calificó de imprudentes e insensatos los pronunciamientos de algunos diputados de la Comisión Permanente de Hacienda al sector de la prensa de recibir regalos en diferentes instituciones donde cubren las fuentes noticiosas.

Ratificó que la prensa cumple su rol de informar a la sociedad sobre los hechos ocurridos, no solo en la Cámara de Diputados, en todas las instituciones públicas y privadas.

Llamó a los diputados a ser más transparente en sus acciones y no vincular a todos los profesionales del periodismo con recibir regalos o dádivas, porque no es cierto que los periodistas las reciban. Henríquez pidió identificarlos con nombres y apellidos.

Los diputados
“Este tema amerita del esfuerzo y del sacrificio de todos, para contribuir a engrandecer las finanzas de la República Dominicana, en ese sentido, el esfuerzo y el sacrificio no solo debe ser del legislador, sino de todos los sectores del Estado”, dijo el diputado oficialista Ignacio Aracena.

Su par el peledeísta, Sócrates Pérez, dijo que nunca había tenido exoneraciones y que si se las quitan no le harán falta.

“Pero como dijo aquella madre superiora, cuando se metieron los delincuentes e iban a hacer daño a las monjas, ella dijo: ‘A todas’, entonces, yo estoy de acuerdo, pero que sea a todos”, expresó.

Diputados defienden sus beneficios y fijan posición
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Omar Rojas, sostuvo que no solo los legisladores tienen privilegios, sino muchas otras instituciones, como la empresa Barrick Gold, a la que también habría que quitárselos. Para el diputado peledeísta Emmanuel Morales, el sueldo que gana en esa posición deben regalarlo en los territorios que representa, donde a diario sufren exigencias por parte de la población. En la República Dominicana los legisladores reciben dos exoneraciones durante el período de cuatro años en los cuales ejercen. Esas exoneraciones, en muchos casos, las venden a ciudadanos que adquieren vehículos de alta gama, por cuya práctica en los últimos 11 años el Estado dominicano ha dejado de recibir RD$2,649.8 millones en tributos. Sobre el tema fueron contactados representantes del empresariado y de los industriales, pero no fue posible obtener su opinión.