República Dominicana inicia hoy una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus sin estado de emergencia y sin toque de queda, luego de un año y casi siete meses de que se detectara la pandemia en el territorio nacional.

Actualmente el país reporta 7,510 casos activos, una ocupación hospitalaria de 33% y 4,067 fallecimientos, luego de registrar 365,558 casos de coronavirus.

Habrá libre tránsito y libertad de reunión y asociación, pero se ejecutará la resolución No. 000048. que limita estas libertades porque se exigirá la tarjeta de vacunación de las personas, con al menos dos dosis o una prueba PCR con resultados negativos, realizada siete días antes de ser requerida.

La resolución, que entra en vigencia a partir del próximo 18 de octubre, establece que las personas deberán presentar su cons- tancia de vacunación para entrar a bares, restaurantes, supermercados, tiendas, gimnasios, centros deportivos y de diversión, centros laborales y de estudios. La medida también incluye el transporte público, urbano e interurbano.

Ante la medida de la presentación de la tarjeta de vacunación, el abogado Omar Ramos consideró que más allá de que se viole algún derecho fundamental, estos están protegidos, entiende que la disposición es un tema de interés nacional y de seguridad pública para prevenir que el COVID-19 afecte a la población dominicana, tras la eliminación del toque de queda.

“Todos debemos ceder cierta autoridad de nuestro derecho para que la sociedad en sentido general tenga salud, bienestar y en consecuencia exigir la tarjeta de vacunación en algunos establecimientos para que la vida se desarrolle con diafanidad. Eso es correcto y totalmente constitucional”, dijo.

Con respecto a la falsificación de la tarjeta de vacunación, el jurista explicó que las leyes de Salud Pública establecen que cualquier violación o vulneración a temas que tienen que ver estrictamente con documentos médicos pudiera conllevar hasta la cárcel.

Entre tanto, el abogado Domingo Ramírez explicó que, si bien es cierto que la Constitución establece en el artículo 40, numeral 15, el principio de legalidad, cuando se dice que a nadie se puede obligar a hacer lo que la ley no manda, no menos cierto es que la salud del pueblo, en sentido general, está por encima de la salud de un particular.

“Eso significa que el Estado está en la obligación de diseñar políticas públicas en materia de salud, que protejan al pueblo, y en este caso la institución encargada para tales fines es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, indicó.

De su lado, el politólogo y abogado David La Hoz consideró que, en principio, la exigencia de la tarjeta de vacunación no es mala idea, pero esto ocasionará muchos conflictos, porque los dominicanos no son dados a andar dar con documentos encima.

“Eso crearía muchas discusiones y conflictos. Es mejor disponer de vacunas y de mascarillas para entrar a ciertos lugares”, dijo.