Carros deportivos y de lujo, autobuses para el transporte masivo, yipetas del año… Así de mezclada es la lista de 1,148 vehículos importados bajo el nombre de legisladores dominicanos de los que muchos, amparados en una ley que les permite traer al país libre de impuestos cualquier unidad sin importar su costo, han encontrado una oportunidad de negocio con la venta de este beneficio por el que en los últimos 11 años el Estado ha dejado de recibir RD$2,649.8 millones en tributos.

Entre los legisladores es conocido el precio de la cesión: hasta US$20,000 o RD$1 millón. Inclusive, hay quienes desconocen el porqué en los registros de la Dirección General de Aduanas hay una exoneración efectiva a su nombre. Así lo comprobó Diario Libre cuando, al preguntarle a un diputado (que pidió no ser identificado) sobre el carro deportivo Lamborghini, valorado en más de US$180,000, que se importó a su nombre en este 2021 –según los datos oficiales–, no estaba al tanto de qué se le hablaba.

Otro, el diputado Eduardo Hidalgo, entiende que debe ser un error que en Aduanas aparezcan dos yipetas Land Rover, modelo Range Rover, importadas bajo su nombre en 2020 y 2021, y por las que el Estado dejó de recibir RD$5.1 millones en impuestos.

“Vamos a sincerarnos”, dice el diputado y vocero del bloque peledeísta, Gustavo Sánchez, en su oficina del Congreso Nacional. “Los legisladores, en un porcentaje alto, más del 90 por ciento, lo que hacen es ‘transferir’ ese documento, que es un papel, a alguien que no quiere pagar los impuestos de traer un vehículo de lujo”. Explica que ese intercambio se puede realizar con particulares, “amigos poderosos” o comercios de venta de vehículos.

Entre los legisladores hay quienes prefieren no ser identificados para hablar con Diario Libre sobre el tema. También, son cautos en mencionar los nombres de los compradores. Al menos Hidalgo solo precisa que ha vendido de sus exoneraciones a una persona “reconocida, con solvencia y seria” en Moca. En tanto que en un concesionario de la capital se explica que desde hace años se estila que dicho beneficio legislativo esté “en el mercado, a la venta”.

Estas unidades representaron un sacrificio fiscal de RD$2,649,859,207.26 por exonerarle los impuestos de rigor. Así lo registra una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas a solicitud de Diario Libre.

(Diario Libre organizó de una forma amigable y navegable la base de datos de Aduanas. Para conocer en detalle las marcas, modelos, nombres de los legisladores y montos que contiene, haga clic aquí).

Aunque las yipetas y automóviles confortables tienen una preferencia mayor, la lista incluye 45 Ferrari, 11 Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 21 McLaren, 183 Porsche y otros vehículos costosos cuyo diseño y estilo no es el usual para viajar desde las provincias a las sesiones en la sede capitalina del Congreso Nacional o para visitar los pueblos del interior en trabajos propios de un legislador.

Pero también hay tres autobuses de transporte masivo importados entre 2014 y 2018 por el exdiputado reformista Guido Cabrera Martínez, quien es miembro de la Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (Aptpra).

Las guaguas representaron un sacrificio fiscal de RD$3,526,113.77 y están en operación para el transporte interurbano. Los viajeros pagan entre RD$275 y RD$300 por pasaje. “Todo el tiempo he tenido autobuses, de eso es que yo he vivido”, observa Cabrera a Diario Libre.

“No soy diputado actualmente y, segundo, al tener mis exoneraciones, se lo apliqué a la guagua, porque no tengo una ley que me diga que no se la puedo aplicar, porque tú puedes traer un grédar, un motor, una pala, lo que tú entiendas”, defiende el también asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte.

A pesar de que está consciente de que muchos legisladores traen carros lujosos, Cabrera señala que se transporta en una camioneta Toyota Hilux. Este vehículo no aparece en los registros aduanales de sus exoneraciones desde 2010. En cambio, a su nombre también hay tres yipetas. Dos de estas no reconoció y una tercera supone que se adquirió hace 10 años tras vender una de sus exoneraciones a un concesionario de la capital.

Además de recibir gastos de representación, viáticos, dieta y otros beneficios extrasalariales, los 190 diputados y 32 senadores del país –elegidos por cuatro años–, más los 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen), están respaldados con la facilidad vehicular que permite una muy abierta Ley 57-96, compuesta por dos artículos. El primero modifica un artículo de una ley de nueve años antes que establecía un tope de US$18,000 en el precio de fábrica de un vehículo exonerado.

Hasta 1996, con base en la Ley 21-87, los legisladores podían traer libre de impuestos un vehículo cada dos años, cuyo valor de fábrica no excediera los US$18 mil. Reportes de prensa de la época explican que, amparándose en el incremento de la tasa del dólar, los legisladores habían aprobado una ley en 1994 que les permitiría una exoneración abierta, pero al no promulgarse, los diputados volvieron a aprobarla en 1996.

Con la modificación se hizo vigente que cada legislador importe libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año y cilindraje. La unidad que traiga estará exenta de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos y multas, y cualquier restricción o prohibición existentes.

Actualmente, a la República Dominicana solo se pueden importar vehículos de cinco años o menos de fabricación y camiones comerciales que no superen los 15 años. Para liberarlos, se debe pagar un impuesto aduanal del 20 % del valor del vehículo más el 18 % del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis).

La ley que permite a los legisladores no pagar esos impuestos no pone una fecha tope para redimir la exoneración. Indica que estos harán el requerimiento de su derecho cuando sus condiciones se lo permitan y lo solicite. La única limitante que pone es que el vehículo no se podrá transferir hasta después de dos años de importado.

Para hacer uso de la exoneración, el legislador debe depositar la solicitud en el Congreso Nacional, institución que remite el expediente al Ministerio de Hacienda desde donde se envía a la Dirección General de Aduanas con la orden de exoneración, de ser aprobada. Cuando el vehículo se importa y se hace el despacho en aduanas, es cuando se le aplica la exoneración con base en cálculos que incluyen la tasa de cambio.

Desde 2010 y hasta agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda tramitó la exoneración de 156 vehículos a nombre de senadores y de 1,195 para diputados (incluidos 112 para varios del Parlacen), cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$154,539,515.08 y, preliminarmente, RD$4,105,997,878.15 en sacrificio fiscal.