La modificación de la Constitución que buscaría, entre otras cosas, la independencia del Ministerio Público, la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura para excluir de sus miembros al procurador general de la República y la recomposición de las altas cortes, comienza a ser uno de los temas prioritarios en la agenda del diálogo nacional por las 13 reformas que impulsa el Gobierno.

En la segunda ronda de las conversaciones, que estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el jefe de Estado argumentó que las transformaciones que el Gobierno quiere impulsar junto a todos los sectores de la vida nacional, no pueden materializarse en toda su dimensión sin una reforma constitucional que contiene, en primer término siete puntos.

En consecuencia, la comisión del Gobierno, que estuvo encabezada por el presidente Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el consultor jurídico del Poder Jurídico, Antoliano Peralta, propuso recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al argumentar que para incidir en el logro de una justicia independiente se debe reformar ese órgano constitucional, excluyendo al procurador general de la República. La composición, según esa nueva estructura, quedaría en 7 miembros, en vez de los 8 actuales, redistribuyendo la cuota de decisión de cada poder del Estado representando en el seno de este órgano y dotándolo, por ende, de mayor legitimidad, establece la sugerencia.

“En el marco de esta reforma se perfeccionaría el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual sesionaría de manera ordinaria cada tres años y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, tras la convocatoria del Presidente del Consejo o, en su defecto, del conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante este. Con esta última medida se quitaría el monopolio que actualmente tiene el Presidente de la República en atribuciones de convocatoria”, leyó Antoliano Peralta a los participantes en el encuentro.

Altas cortes reestructuradas

Al mismo tiempo, la comisión del Gobierno planteó que de la mano de la recomposición del CNM es oportuna una reorganización puntual del funcionamiento de las altas cortes (la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral), con el propósito de someter a sus jueces a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso.
Según la propuesta, los magistrados serían designados por períodos únicos de 9 años y los plenos serían renovados gradualmente cada 3 años; mientras que la ostentación de la presidencia de estas altas cortes sería alternada cada 3 años y a partir de los jueces designados anteriormente.

“Esta dinámica fortalecería la independencia de los jueces ante la imposibilidad de su reelección en un mismo órgano, reduciría la posibilidad de que se formen mayorías ideológicamente comprometidas con una visión política”, señala el Ejecutivo.

También se incluirían nuevos requisitos de designación para los jueces de estas altas cortes para que, durante los 5 años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante.

Los cambios en el MP 

De acuerdo a la propuesta del Gobierno, la exclusión del procurador de la República del CNM no sería suficiente para la independencia política en el sistema de justicia dominicano, por lo que también plantea una transformación constitucional del Ministerio Público, que le otorgue una independencia real del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado.

A la vez, se sujetaría a los titulares del Ministerio Público a un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso, estableciendo nuevos requisitos y formas de designación, así como incluyéndolos dentro de las invitaciones a las cámaras legislativas y las interpelaciones del Congreso Nacional.

En el marco de esta reforma también se delimitarían mejor las funciones del Ministerio Público, especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles, y transfiriendo algunas de sus funciones actuales, tales como la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad y la dirección del sistema penitenciario, a un ente del Poder Ejecutivo de conformidad con la ley.

Esta medida permitiría al Ministerio Público concentrar sus recursos en la persecución contra la criminalidad e impediría que hubiese una distorsión al otorgar atribuciones propias de la Administración Pública a un órgano dotado de plena independencia política del Poder Ejecutivo.

En este mismo contexto, el actual procurador general de la República pasaría a denominarse fiscal general de la República.
Asimismo, se sustituirían las siguientes denominaciones: procurador general adjunto del procurador general de la República por fiscal general adjunto al fiscal general de la República; procurador general de Corte por fiscal Regional; y procurador por fiscal.

El sistema electoral

La propuesta del Gobierno para la modificación constitucional, incluye, también, cambios en el sistema electoral dominicano, en especial a las asambleas electorales. El Poder Ejecutivo sugiere suprimir la figura de los suplentes en el Tribunal Superior Electoral, fijando su pleno en un total de 5 miembros, dentro de los cuales se elegiría al presidente y sus sustitutos. Respecto a la Junta Central Electoral, se perfeccionaría el estatuto de sus miembros y suplentes, incluyendo nuevos requisitos de designación para que, durante los 5 años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político.

Otra de las formas en que se consolidaría el ejercicio democrático es a través de la ampliación de la titularidad de la iniciativa legislativa. En este sentido, la iniciativa legislativa popular podría ser presentada por un mínimo de 25,000 ciudadanos inscritos en el registro de electores, en vez del actual 2 % que se exige.

El Gobierno plantea, además, reorganizar a los órganos encargados del control externo e interno de los fondos públicos, estos son la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. En cuanto a la Cámara de Cuentas, se establecería como requisito para ser miembro que, durante los cinco años previos a su designación, la persona no haya estado inscrita en un partido político ni haya realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante. En cuanto a la Contraloría General de la República, se establecerían atribuciones expresas, que actualmente no son contempladas, con el propósito de fortalecer su rol de control de los fondos públicos del Poder Ejecutivo.

Cronograma se conocerá el próximo 6 de octubre

Aunque en la jornada de ayer se trataron diversos temas, entre los que está la necesidad de tratar en los debates la reforma policial y la seguridad ciudadana, la pertinencia de tratar en una misma mesa el tema de la reforma a la ley de seguridad social y al código laboral, quedó otra vez pendiente la elaboración del cronograma a seguir para ejecutar los trabajos. Los miembros quedaron de acuerdo con reencontrarse el miércoles 6 de octubre a las 10:00 de la mañana para la conformación de las mesas de trabajo. En la sesión de ayer participaron, además de la comisión del Gobierno, doce partidos políticos con representación congresual, el CES, representado por su presidente, vicepresidente y comisión ejecutiva, conformado por nueve instituciones del sector social; el sector laboral, representado por el CNUS, CNTD, CASC y del sector empresarial, representado por el Conep, la Asociación de Industrias y Codopyme.