- Miguel Vargas considera que no se pondera el “efecto negativo” de despojar a trabajadores de jubilación
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) manifestó este lunes su “preocupación” por quienes insisten en entregar a los trabajadores el 30 % de sus fondos de pensiones.
En un comunicado enviado a la prensa, indicó que dichas voces no ponderan “el efecto negativo” de despojar a los trabajadores de los recursos para su jubilación.
Miguel Vargas, presidente del PRD, calificó como una “irresponsabilidad” decirle al empleado que costee con lo ahorrado para su jubilación los efectos de la crisis de la pandemia del COVID-19.
“La Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es una de las reformas más importantes implementadas en el país, y fue precisamente un logro que dejó como legado el Partido Revolucionario Dominicano”, expresó.
Asimismo destacó: “Desde el punto de vista económico, los fondos de pensiones han contribuido a crear una base sólida de ahorro nacional, que supera los 700 mil millones de pesos, y que se encuentran invertidos en títulos de valores que están dinamizando la actividad productiva, generando empleos, y pagando una de las más altas tasas de rentabilidad de la región de América Latina a las cuentas de capitalización individual del trabajador dominicano”.
Dijo que “salir de repente a retirar esas inversiones asestaría un duro golpe al clima de negocios, poniendo en tela de juicio la seguridad jurídica de la República Dominicana”.
Además, aseguró que en el ámbito macroeconómico, poner a circular la cantidad de recursos que implica el 30 %, “aumentaría desproporcionadamente la masa monetaria, y sobrecalentaría la economía por la gran demanda de bienes y servicios que generaría”.
Señaló, de igual manera, que la situación “amenazaría gravemente” la estabilidad macroeconómica. También, el PRD apuntó que se obvia el impacto a futuro del monto de las pensiones.
“Entendemos en ese sentido, que toda propuesta de mejora a la Ley 87-01 debe ser inicialmente canalizada ante los sectores que forman parte del pacto social convocado por el gobierno”, dijo.
Asimismo, el partido señaló en un comunicado que cualquier modificación a la mencionada legislación debe realizarse con un consenso entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores.
Llamó a la sensatez para que todos los actores de la sociedad participen en la actualización de la Ley 87-01.