Las cifras ofrecidas por la Junta Central Electoral (JCE) que registra hasta el 9 de septiembre de 2021, 8,656 muertes por COVID-19 en la República Dominicana, contrastando con las del Ministerio de Salud Pública, que reporta hasta el momento 4,014 muertes, ha provocado reacciones entre importantes actores del sistema de salud que reflejan una división de criterios y hacen más confusas las estadísticas.

Las datos oficiales habían sido cuestionados desde hace tiempo por el Colegio Médico Dominicano (CMD), a través de su presidente, Waldo Ariel Suero, quien señalaba que las cifras de Salud Pública no se correspondían con el comportamiento del virus ni con los informes que les llegaban desde las provincias a través de sus colegiados.

Ronald Skewes, director del departamento de Epidemiología de Salud Pública, consultado por Diario Libre, defendió las estadísticas arrojadas hasta el momento, alegando que esa dependencia “evalúa y clasifica las muertes conforme a los criterios internacionales establecidos para el nuevo coronavirus COVID-19”.

En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública, explicó vía el viceministro de Salud Colectiva, que dirige Eladio Pérez, que existen diferentes sistemas de registro y que los documentos llenados por la JCE son a vapor al momento de la muerte y no necesariamente reflejan un diagnóstico real.

En unas declaraciones al periódico Hoy, aseguró que los “datos creíbles, son los de Salud Pública porque las muertes se revisan hasta con autopsia”.

Agregó que “muchas actas del registro civil son llenados hasta por la figura del alcalde pedáneo”.

El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que manejó el inicio de la pandemia, hablando ahora como el secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), prefirió ser más reservado y ha pedido a la JCE más detalles sobre estas nuevas cifras.

“Eso se hace con las actas de defunción y habría que hacer una depuración de dónde provino esa acta y quien la llenó, para poder establecer la veracidad o no de eso”, dijo Cárdenas, y expresó que, determinar todo esto es un desafío para el sistema de estadísticas del país.

El exministro prefiere ver el diagnóstico primario, de si la determinación de esos resultados que presenta la JCE se dieron a partir de una tomografía o de una prueba de Reacción en Cadena de la Polimersa (PCR) o al menos una prueba de antígeno positiva que la avale o que sea hecha por un epidemiólogo que haya hecho el diagnóstico en base a contactos.

“Por eso digo que hay que ver esas actas. Estamos indagando a más profundidad para emitir un juicio. Siempre ha habido una diferencia entre las actas de defunción que registra la Junta Central Electoral y los diagnósticos establecidos y recogidos por el Sinave (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica)”, enfatizó el exfuncionario.

Y agregó: “En mi opinión, así de entrada, no creo que esto responda a algo sustentado adecuadamente, desde el punto de vista médico, pero yo prefiero esperar la investigación de los datos de esas actas”.

De su lado, el órgano electoral indicó que los datos que ofrecen se desprenden de su registro civil el cual, aseguró, “son fidedignos y apegados a los procedimientos legalmente establecidos”.

“… los datos aportados han sido depurados minuciosamente ya que la exclusión de estas cifras impacta a la integridad y confianza de nuestro padrón electoral”, enfatizó la JCE en un comunicado enviado este viernes.