No existe posibilidad de condenar a Ángel Rondón, dicen sus abogados

El principal imputado por los sobornos de Odebrecht inició sus conclusiones

“No existe posibilidad alguna de pronunciar sentencia condenatoria en contra del señor Ángel Rondón Rijo”. Esta afirmación fue utilizada ayer por los abogados del imputado al inicio de sus discursos de cierre en el juicio por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht.

A consideración del coordinador de la defensa, el abogado José Miguel Minier, el tribunal debe dictar la absolución de su defendido por la supuesta insuficiencia de pruebas del parte del Ministerio Público. Dijo que no es cierta la acusación de que las empresas de Rondón fueron creadas para lavar dinero de los sobornos.

También que los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), armaron la acusación por sobornos y lavado de activos contra Ángel Rondón, utilizando documentos que el propio empresario suministró como pruebas de descargo.

Precisó que el 16 de enero del 2017 Rondón entregó cinco carpetas a la Procuraduría General de la República que contenían documentación en la que se detallaban los negocios y acuerdos comerciales concertados, legalmente, entre el imputado y la Constructora Norberto Odebrecht, y que la Pepca trató de desnaturalizar esas pruebas.

Durante los discursos finales, José Miguel Minier consideró que el Ministerio Público hizo una investigación manipulada, sesgada y selectiva, al someter a seis imputados y dejar de un lado a otros altos funcionarios que debieron estar. Sugirió algunas personas que estuvieron en el Poder Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, y en el Senado cuando se aprobaron obras para Odebrecht.

La defensa de Rondón señaló que los representantes de la Pepca tampoco aportaron pruebas suficientes que vinculen a este empresario con ninguno de los otros acusados en ese proceso. Consideró que no suministraron elementos para despejar las dudas razonables de los supuestos sobornos.

“Ángel Rondón no tiene ninguna prueba vinculante con ninguno de los imputados. El Ministerio Público recoge hechos neutrales y crea una historia especulativa”, dijo el abogado Minier.

Otro de los argumentos expuestos por el abogado es que hay certificaciones de que Ángel Rondón fue representante comercial de Odebrecht, así como hay certificaciones que dan cuenta de que representó a muchas otras multinacionales en el país.

También refirió que durante el desarrollo del juicio mostraron documentación y probaron que Ángel Rondón tiene una vida empresarial exitosa de más de 43 años, “mucho antes de que existiera Odebrecht”.

Instó al tribunal a que la sentencia que dicte debe ser referente para la comunidad jurídica a nivel nacional e internacional, estableciendo que deben respetarse los derechos y el debido proceso en cada etapa.

No es intermediario

En la audiencia ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los abogados de Ángel Rondón establecieron que Odebrecht contaba con una estructura interna propia para el pago de sobornos a funcionarios y que, por lo tanto, no le era preciso la utilización de un intermediario para tales fines.

También enfatizaron que una parte de los hechos que se le atribuyen al principal imputado por los sobornos pagados por Odebrecht se encuentran afectados de “prescripción” o son anteriores a la promulgación de la ley 448-06 sobre sobornos.

La etapa final del proceso fue suspendida por lo avanzado de la hora.

El tribunal estableció que la audiencia continuará el lunes 2 de agosto del año en curso.

Un litigio para evitar diez años

El imputado Ángel Rondón dispone de cinco días para desarrollar sus discursos de cierre y oralizar sus conclusiones. Durante esta etapa los abogados están “echando el pleito” en contra de una condena de diez años de prisión que solicitó como sanción el Ministerio Público para Rondón. En el proceso además están imputados Víctor Díaz Rúa, contra quien han solicitado diez años; Conrado Pittaluga, para quien piden siete años; además Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez y Andrés Bautista, para los que piden cinco años.