Luego de ocho meses de litigio en juicio de fondo y con la convicción de que logrará una condena, el Ministerio Público solicitó ayer que el principal imputado por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón, sea condenado a diez años de prisión, igual que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

También pidieron que el abogado Conrado Pittaluga sea sentenciado a siete años de prisión, mientras que para Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa; el exsenador Tommy Galán y el expresidente del Senado, Andrés Bautista, solicitaron una condena de cinco años de reclusión.

Pero los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no se quedaron ahí. Pidieron a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que junto con las penas, a todos los imputados les sean decomisados bienes millonarios que supuestamente son producto de los actos de corrupción cometidos por estos para beneficiar a Odebrecht con obras estatales.

También que cada imputado pague una multa de 200 salarios mínimos.

Otros bienes solicitados en decomiso consisten en certificados de títulos, certificados de inversión y cuentas corrientes y de ahorro en pesos y dólares de diferentes entidades bancarias.

El Ministerio Público también demandó que al Estado dominicano se le entreguen todas las propiedades de las empresas que los imputados supuestamente utilizaron para lavar activos producto de los sobornos recibidos de la constructora brasileña.

Mientras realizaban sus conclusiones formales, los integrantes del Ministerio Público pidieron que el día en que se produzca la sentencia a los imputados les sea variada la medida de coerción que tienen y que se ordene la prisión desde el mismo salón de audiencias para evitar el peligro de fuga.

El equipo de fiscales estuvo liderado por el titular de la Pepca Wilson Camacho, sin embargo, en las audiencias han intervenido los fiscales Mirna Ortiz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Isis de la Cruz y José Miguel Marmolejos.

Durante los discursos finales, la fiscal Mirna Ortiz consideró que el Ministerio Público ha cumplido la promesa que hizo cuando se inició el conocimiento del proceso, de que demostraría, más allá de toda duda razonable, que los implicados en el proceso iban a obtener la sanción por los hechos cometidos.

Resaltó que aunque muchos dudaron de que este Ministerio Público llegaría “a este momento y lo criticaron, lograron concluir con las mismas energías del primer día”. Además manifestó que están convencidos de que las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dictarán condena porque han demostrado que la acusación está “sustentada en pruebas veraces, legales e inequívocamente conducirán a una condena”.

“Llegó la hora de demostrar que los delitos de cuello blanco tienen sanción y que las cárceles no se hicieron solo para los desposeídos. Es momento de demostrar que aquellos que sustraen fondos públicos, también merecen una sanción”, puntualizó Ortiz.

Continuó: “Que los que sustraen fondos públicos, el dinero del pueblo, merecen ser sancionados por sus actos y que esa sanción debe ser más ejemplar cuando se aplica a esas personas que teniendo el deber constitucional de hacer las cosas bien, eligen el camino incorrecto”.

La acusación establece que Ángel Rondón constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito. Supuestamente realizaba transferencias de fondos que son fruto del soborno desde las empresas de su propiedad Lashan y Conamsa hacia otras de sus firmas.

El Ministerio Público sustenta que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht realizaba las transferencias a las empresas de Rondón.

Además, el Ministerio Público planteó que el imputado Pittaluga incurrió en complicidad en soborno de funcionarios y fue cómplice de Víctor Díaz Rúa en el soborno y lavado.

Argumentaron que Díaz Rúa aumentó de manera exagerada su patrimonio mientras se desempeñó como funcionario público entre 2004 y 2012, período en el que firmó, a nombre del Estado, diversos contratos con la constructora brasileña.

Al exsenador de San Cristóbal Tommy Galán le imputan haber aumentado sus ingresos de forma ilegítima cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo.

Los fiscales también establecieron que Andrés Bautista exhibió un enriquecimiento de más de más de RD$1,090 millones.

Mientras que a Rodríguez Hernández le imputaron que ocultó informaciones relevantes en sus declaraciones juradas, que no declaró varias sociedades comerciales de las cuales formaba parte, entre ellas, algunas de las que tenía el 50% de las acciones.