“No, no impartí docencia”, admitió Miguel José Moya, uno de los imputados de la Operación Medusa, a quien, según el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, pagó casi 20 millones de pesos por servicios de capacitación en talleres y seminarios de formación de liderazgo.

En la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso, el Ministerio Público asegura que se cometieron “graves irregularidades en los contratos celebrados entre la Procuraduría General de la República (con la participación activa de los implicados) y la empresa Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, SRL, representada por Miguel José Moya”.

El expediente señala que estos contratos llamaron la atención de las autoridades, puesto que dichas capacitaciones fueron supuestamente realizadas en marzo-mayo del 2020 “en el que ya estábamos en estado de emergencia por la pandemia y bajo los protocolos de salud y seguridad dictados por el Gobierno”.

Agrega que en los informes de servicios de capacitación de la Procuraduría no se especificaban el lugar o fecha donde se realizaban los talleres. Las autoridades procedieron a contactar a algunas de las personas que aparecían en los listados como participantes, y estos habrían indicado que nunca fueron convocados ni formaron parte de los cursos o seminarios referidos.

“Bajo este panorama”, indica el Ministerio Público, fue citado Moya, quien manifestó durante un interrogatorio que en 2017 fue contactado por otro imputado, Rafael Stefano Canó Sacco, con quien se reunió primero, y posteriormente con el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

En el interrogatorio Moya sostuvo que Canó Sacco le informó sobre la apertura de una licitación, en la que la empresa del imputado era la única que participaría y resultó adjudicataria, según el expediente acusatorio.

“Una vez que ganamos la licitación lo que encontramos es que el procurador (Rodríguez) quería crear un show de marketing e imagen con el caso Odebrecht; no, no impartí docencia. Diseñé una estrategia de estabilizar el clima laboral que contenía varios componentes, incluyendo el diseño de un proceso de capacitación, no facilitar la capacitación, sino diseñarla y el segundo componente trabajar en el aspecto reputacional, en la recuperación de la reputación de la institución”, sostuvo Moya en el interrogatorio, de acuerdo al expediente.

El Ministerio Público acusa de estafa al Estado a Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez, Alfredo Alexander Solano, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza, Rafael Mercedes Marte y Miguel José Moya. Están a la espera de que se le conozca medidas de coerción. El MP adelantó que pedirá prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.