Sumados a las alegadas estructuras corruptas de distracción de fondos a través de bienes incautados y de pagos en capacitaciones de personal sin avales de que fueron impartidos, lo revelado por la “Operación Medusa” incluye otros cincos entramados de peculado durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Lo expuesto por la “Operación Medusa”, el tercer gran caso judicial iniciado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, pone al descubierto alegados manejos ilícitos que incluyen irregularidades en procesos de compra, uso de recursos de la Procuraduría General en la campaña electoral de 2020 y sobrevaluaciones.

A partir de diversos documentos e informaciones suministradas en interrogatorios por Rainery Elizabeth Medina Sánchez, exencargada del Departamento de Almacén y Suministro -apresada en octubre de 2020 y sometida por robar y vender a terceros 710 televisores plasma, y a Miguel José Moya, representante de DIO SRL, la Pepca detalla elementos de estas estructuras, en las que involucra de manera directa a 18 personas.

En torno a los procesos irregulares de compras, señalan a Rafael Stefano Canó Sacco, exdirector de Gabinete, y a Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector Administrativo Financiero, de encabezar “el manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones”.

“Estas situaciones se presentaban en procesos co-mo los relativos al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario en los cuales las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición” de beneficios por las entidades comerciales escogidas, indica el documento que autorizó los allanamientos.

Los beneficiados en esta estructura, según la Pepca, fueron Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero, y Johannatan Loanders Medina Reyes, exencargado de la División de Compras con los pozos sépticos de ese proyecto; Amelia Escaño Mieses, exencargada del Departamento de Compras y Contrataciones, con el equipamiento médico; y Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, con la construcción.

También se indica que Rodríguez Imbert y Mercede Marte sacaron provecho a través de la compra de uniformes, participó Solano Augusto en el renglón de la instalación de camas.

Además se establece que Medina Sánchez y Mercedes Camelia Salcedo, excoordinadora Administrativa del Modelo Peniten- ciario, “realizaban visitas para verificar que las entidades participantes no cumplían con los requisitos y se les instruía que las desaprobaran”.

En estos supuestos manejos irregulares también incluyen a Francis Ramírez Moreno, técnico de compras; Altagracia Guillén Calzado, exsubdirectora administrativa, e Isis Tapia.

En estas compras irregulares la Pepca destaca que Canó Sacco “benefició a través de la empresa Soluciones Integradas Manzur Báez EIRL a su socio Daniel Elías Manzur Báez”, lo que configuró “una estafa agravada, según el interrogatorio realizado a Rainery Elizabeth Medina Sánchez que afirmó que Soluciones Manzur no prestó ningún servicio, pero cobró cerca de RD$50,000,000”.

La Pepca también señala entradas ficticias y adulteradas al almacén, en lo que se falsifican certificaciones para distraer en provecho propio equipos, mercancías y materiales de construcción.

De estas presuntas falsificaciones se acusa a Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información, a quien además se le atribuye “la adulteración y formateo de la data de información de los departamentos administrativos” de la Procuraduría, así como el delito de acceso ilícito al sistema informático (denominado Keylogger) para “monitorear de manera remota las PC utilizadas en las áreas administrativas y por los fiscales”.

Otro sistema fraudulento que alega la Pepca funcionó durante la administración del exprocurador fue la utilización de recursos de la Procuraduría General para la plataforma de campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Apunta que el movimiento político Renovación fue coordinado por Canó Sacco, exdirector de Gabinete, usando personal pagado por la institución en sus actividades, además de mobiliario, equipos, materiales y vehículos incautados.

La sobrevaluación de instrumentos para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también fue incluida como mecanismo corrupto de estos exfuncionarios, en un proceso de compra hecho a través de la empresa Suplidora Médica del Caribe, con “una diferencia de alrededor de 21,624 euros para un monto de RD$1,303,956”.

Además de Rodríguez, están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde ayer Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.

El Ministerio Público informó que contra ellos pedirá medida de coerción en las próximas horas.