El proyecto de modificación al Código Penal aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados redujo la condena al delito de corrupción que inicialmente estaba contemplado en el proyecto de ley que estudió la Comisión de Justicia, bajando de diez a tres años de prisión las penas máximas para esas infracciones.

La propuesta que depositó el presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, el 17 de agosto de 2020, establecía que la corrupción se castigaría con penas privativas de libertad de cuatro a diez años, sin embargo, ahora se prevé que sea de dos a tres, lo que contradice el discurso que vendía el Congreso Nacional de que el nuevo Código sería drástico y castigaría la corrupción de forma tal que ningún funcionario público se viera tentado a incurrir en ese ilícito penal.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), calificó de insólito y de un incentivo más para que se cometan actos de corrupción el establecer penas que contradicen los acuerdos internacionales y la jurisdicción comparada de los crímenes y delitos de corrupción.

“Eso es un contrasentido, una contradicción, o sea, desde el Ejecutivo (Poder Ejecutivo) se está tratando de diseñar políticas que van dirigidas a evitar actos de corrupción, a transparentar la administración, y desde el Congreso entonces se le está dando respuesta el aminorar la pena en esa materia”, dijo.

Con dicha pena, ese ilícito entra en la categoría de las infracciones graves que contempla la pieza legislativa: infracciones leves, graves y muy graves.

Los cambios en el proyecto de legislación se dieron mientras los debates públicos se centraron en la despenalización o no del aborto en tres circunstancias: cuando la vida de la madre está en riesgo, el feto tenga malformaciones congénitas incompatibles con la vida o que el embarazo haya sido fruto de una violación o incesto.

Si esa propuesta se convierte en ley, los sometidos a la Justicia por corrupción, en caso de que se declaren culpables de los cargos mediante un acuerdo penal abreviado con el Ministerio Público o porque un tribunal determine su culpabilidad, podrían no cumplir ni un año prisión debido a que el Código Procesal Penal faculta a que los jueces puedan declarar la suspensión condicional o total de la pena cuando la condena sea inferior a los cinco años de reclusión.

En la propuesta, habría una contradicción, debido a que para el delito base, corrupción, se contempla una pena de hasta tres años, sin embargo, para otras conductas que se tipifican junto a ese delito como enriquecimiento ilícito, malver- sación de fondos, tráfico de influencias, cohecho, obtención ilegal de beneficios económicos, conflicto de intereses, la sanción va de cuatro a diez años de reclusión mayor además de una multa.

“Poner como penalidad de dos a tres años por corrupción, ¡eso es incentivar la corrupción! Y más aun cuando ni siquiera ese artículo establece como parte de la pena, la incautación de los bienes. Es decir, no solamente le bajaron la pena en un código donde se están subiendo la pena a todos los delitos, sino que tampoco es parte de la sanción poder recuperar los bienes producto de las actividades ilícitas ¡eso es totalmente insólito!”, enfatizó Castaños Guzmán.

Servio Tulio espera que la comisión de justicia reconsidere su planteamiento y antes de presentar la instancia para una aprobación en segunda lectura, se subsane esa debilidad. “Uno aspira a que eso se corrija ahora en la comisión de justicia para que cuando pase a la segunda lectura se apruebe de manera correcta”, refirió.