El entramado religioso-militar conformado por el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, ha destapado una caja de pandora que devela corrupción a lo interno de diferentes cuerpos especializados de seguridad en el país.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el propio Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y la Policía Nacional, figuran entre las instituciones salpicadas por la corrupción, según el expediente de la “Operación Coral” instrumentado por el Ministerio Público.

Aunque en la primera etapa de esta investigación solo están sometidos a la Justicia Adán Cáceres (exjefe de Cusep), la pastora Rossy Guzmán, además de Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez, las autoridades han encontrado indicios de que otros altos exoficiales y oficiales de diferentes organismos han estado vinculados a la red corrupta.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) menciona que el expresidente de la DNCD, vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, formaba parte una coalición de funcionarios que encabezaba el mayor general Adán Cáceres.

Durante la gestión del vicealmirante Alburquerque Comprés, la Asociación Campesina Madre Tierra (empresa vinculada a la pastora Rossy), recibió un depósito de RD$ RD$525,000 de la DNCD. Sin embargo, en los sistemas de la institución “no existen registros de pago alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra”.

Director del Cestur

Las autoridades también ven de manera sospechosa el alquiler de un apartamento “que se encuentra bajo la posesión del general de Brigada, Piloto FARD, Juan Carlos Torres Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (Cestur) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón”.

Establecen las autoridades que el apartamento paga US$3,000 mensuales, “situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, indica la solicitud de medidas de coerción del caso.

Exsubdirector policial

El exsubdirector general de la Policía Nacional, Neyvi Pérez Sánchez, también figura entre los mencionados por el Ministerio Público en su expediente del caso de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral.

En un interrogatorio practicado a Raúl Alejandro Girón Jiménez, este admitió que en febrero del 2021 obtuvo RD$1,271,100 como parte del entramado y se distribuyó de la siguiente manera: “Al mayor general Adán Cáceres le entregaron RD$234,000; al exsubjefe de la Policía Nacional, Neyvi Pérez, le dieron RD$100,000, le entregaron dinero además a Rafael Núñez de Aza, en diferentes partidas”.

Las autoridades aseguran que ese dinero fue cobrado por el imputado Raúl Alejandro Girón, quien dentro de la estructura criminal recaudaba el dinero de la estructura en Cestur, además de los viáticos y supuestos gastos de inteligencia y de raciones alimenticias.

La Pepca establece que el mayor general Adán Cáceres nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep y les pagaba sueldos de entre los RD$20 mil y RD$70 mil mensuales con el acuerdo de que estos debían entregar hasta el 80% de esa cantidad al alto oficial.

Otra de las modalidades a través de la cual la red obtenía fondos era mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado. Había una red de personas, entre ellas José Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargaban de hacer depósitos para la colocación de los fondos distraídos.