Desde mi óptica la situación generada en relación a la ley 28-01, era de esperarse, ya que los intereses envueltos son muy poderosos, llegando al extremo de provocar un enfrentamiento de los órganos legislativos y una polémica que ha abarcado prácticamente toda la opinión pública nacional.
La ley 28- 01 instituye una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, para las 5 Provincias fronterizas, a las cuales se agregaron Santiago Rodriguez y Bahoruco, por sus niveles de pobreza. Estas demarcaciones con esa ley son favorecidas con un régimen de exención de los impuestos internos y aranceles durante 20 años, para las empresas que decidan instalarse en su área demográfica.
Desde un principio la ley 28-01 fue objeto de fuertes ataques del sector empresarial, alegando que representan un modelo fracasado y que está basada en una competencia desleal. Los ataques no solo se quedaron en el plano de la opinión pública, sino que la ley fue objeto de varios recursos de inconstitucionalidad, tanto ante la Suprema Corte, como ante el Tribunal Constitucional, los cuales sin excepción fueron rechazados, reiterándose el carácter constitucional de esta ley.
El artículo 10 de la Constitución establece: “ Se declara de supremo y permanente interés nacional, la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza”. El artículo 221 de establece:”La ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones que se realicen en zonas de menos grado de desarrollo, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas “.
Como podemos colegir el único régimen de exención que tiene base constitucional es el establecido en la ley 28-01, lo cual le da una fortaleza que hará imposible que sus detractores logren en su totalidad sus propósitos. Aunque como lo han hecho hasta ahora, impedirán la consolidación y expansión de este régimen especial.
Cuando fui designado por el Presidente Danilo Medina como Director Ejecutivo del Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo- CCDF-, el 18 de octubre del 2017, nos encontramos con una Institución sin ningún tipo de estructura, sin presupuesto y con una gran cantidad de proyectos para ser aprobados por el Pleno, además de una gran cantidad de solicitudes para ser conocidos por la comisión técnica.
Al revisar todos los expedientes que posaban desde años en la CCDF, nos encontramos con 27 proyectos ya clasificados, que habían sido aprobados por la comisión técnica y que reunían todas las condiciones para ser sometidos y aprobados por un Pleno muy complejo, ya que estaba compuesto por todos los legisladores de la Frontera, Diputados y Senadores, además de un representante de cada Provincia de los sectores comunitarios y también por la representación del Estado. 35 personas en total.
Desde un principio reconocí el carácter inconstitucional del Pleno, ya que los legisladores no pueden ser miembro de un Consejo, porque la Constitución establece claro cuáles son sus funciones. El Congreso es un órgano de fiscalización y control, por lo que no puede ser juez y parte, inclusive ya el Tribunal Constitucional estableció un precedente sobre el particular.
Como eso era lo que existía y solo una ley podía cambiarlo, procedimos a trabajar en buscar un consenso que permitiera convocar un organismo tan complicado y de intereses tan disímiles. Después de mucho trabajo y negociaciones logramos que el Pleno fuera convocado para principios del 2018, con la finalidad de que se aprobaran las 27 empresas que reunían las condiciones para ello.
Recuerdo que la convocatoria era para un miércoles, todo estaba listo y consensuado, pero nuestro sueño duró poco, porque al parecer la presión de un sector empresarial fue tan fuerte, que un día antes se nos solicitó que pospusiéramos el evento para integrar algunas inquietudes que se entendían importantes para el consenso. Después de consultar con el Presidente del Consejo y del Pleno, el Director de la Dirección General de Fronteras, acordamos en aras de un mayor consenso, posponer para otra fecha la asamblea plenaria.
Todos ustedes saben lo que pasó en el Congreso en parte del 2018, 2019 y 2020, donde se creó un ambiente de gran confrontación, que hacía imposible lograr un consenso de las diversas fuerzas políticas que inciden en su estructura. Aún en ese ambiente sometimos un proyecto de modificación de la ley 28-01, que fue fundido con otros que estaban ya sometidos en el Congreso.
En ese proyecto de modificación hacíamos énfasis en puntos básicos, primero la extensión de la ley por 20 años más, segundo, la conformación de un Pleno de 7 personas, para hacerlo más ágil y menos burocrático, tercero, actualizar la ley a los nuevos tiempos, tomando en cuenta la ley de competitividad y por último modificar la estructura del Consejo, ya que la ley chocaba con el reglamento de aplicación de la misma ley. Por ejemplo la ley establece que el Presidente del Consejo será elegido por el Presidente de la República y en el reglamento dice que será de pleno derecho quien funja en ese momento como Director de la DGF.
Observando los últimos acontecimientos soy de opinión que el empresariado ha logrado imponer sus intereses, dejando la ley en un limbo jurídico, que si bien es cierto las empresas ya instaladas seguirán funcionando, será imposible instalar empresas nuevas y sobre todo que desde mi humilde punto de vista es lo más grave, los empresarios han logrado crear un ambiente de confusión, que cada día debilitará más este régimen especial.
En un ambiente como este nadie pensará en invertir en una zona deprimida y con grandes dificultades en todos los sentidos, además que la que ya están establecidas podrán empezar a desmotivarse y pensar en Invertir en otras áreas más favorables. Todo esto unido a que buscarán la manera de ir reduciendo los incentivos,bajo el alegato de competencia desleal, lo cual también incidirá en que muchas empresas instaladas en la Frontera, entienda que no tiene sentido la ley y simplemente tomarán otros senderos.
Ojalá que ocurriese lo contrario y la ley 28-01, surja fuerte y vigorosa de esta situación, por la simple razón, de que eso es lo que le conviene al País y sobre todo a esa zona pobre y deprimida, que se beneficia de más de 10 mil empleos que otorgan las empresas instaladas. Esos son los deseos de todo el que piensa en los intereses de la Nación, aunque casi siempre eso no es suficiente, porque los intereses particulares, de quienes lo quieren todo, se imponen por encima de la razón.
Esas Provincias de la Frontera en los años 90 tenían más habitantes que en la actualidad, lo que indica que hay un éxodo permanente hacia las grandes Ciudades, por falta de oportunidades, por limitaciones, por falta de empleos etc. Y si por el capricho de quienes representan el poder económico, permitimos que sigan afectando esa zona deprimida, sencillamente continuará el éxodo y su lugar será ocupado por la migración de los vecinos que ocupan el territorio oeste de la Isla.
UNA SITUACIÓN PENOSA OCASIONADA POR UN ENTRAMADO DE INTERESES EN CONTRA DE LA LEY 28-01. QUIEN TENGA LA ULTIMA PALABRA SIMPLEMENTE QUE ACTÚE.
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