Cuatro exjueces del Tribunal Constitucional denunciaron hoy las supuestas intenciones del gobierno de turno para que sea fallado, por los actuales jueces de esa alta corte, un acuerdo entre la República Dominicana y de Estados Unidos, que representa un peligro para la soberanía nacional.
Los exjueces Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez alertaron que «el acuerdo de preautorización o prechequeo en el transporte aéreo, no está siendo abordado con la debida profundidad, a pesar de las serias implicaciones que tiene para el supremo interés de nuestro país.
De acuerdo con la denuncia, el convenio tiene el objetivo aparente de facilitar el turismo y hacer más atractivo a los viajeros que se trasladan desde Punta Cana hacia los Estados Unidos, ante una alegada facilidad en el flujo de los pasajeros.
Sin embargo, los exjueces plantean que «la verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano».
En un documento entregado a los medios, los exmagistrados establecen que la modalidad que se pretende establecer en los aeropuertos internacionales del país, comenzará por la terminal de Punta Cana y se extenderá a todo el país.
Precisaron que ese acuerdo está en el Tribunal Constitucional desde el 8 de diciembre del 2016 y ha sido sometido a aprobación en varias ocasiones, sin éxito.
No obstante hacen la denuncia, debido a que durante las recientes evaluaciones a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional ante el Consejo Nacional de la Magistratura esta fue una de las preguntas que se le hicieron a los jueces.
«Nosotros, como ciudadanos comprometidos con los mejores intereses de nuestra nación, compromiso que no cesa con la culminación de nuestros respectivos períodos en el Tribunal Constitucional, juzgamos como un deber ciudadano irrenunciable presentar estas reflexiones orientadas a edificar a la opinión pública acerca de la inconstitucionalidad que acusa el referido acuerdo», justificaron los jueces en rueda de prensa.
* Permitir la instalación de áreas de preautorización en territorio dominicano para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los EE. UU autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país, viola los artículos 3 y 6 de la Constitución dominicana, por cuanto implica cesión de soberanía. Eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional. Además, el acuerdo contradice el precedente del Tribunal Constitucional sentado en la Sentencia TC/0315/15 que reafirmó la soberanía de las autoridades dominicanas en consonancia con los artículos 3 y 252 de la Ley Fundamental.
* El anexo, sobre el tema de los refugiados que es parte integral del acuerdo, es lo más grave. Pues, los preclearance se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud. El ámbito de aplicación de la normativa de protección internacional suele estar sujeta al territorio, no siendo consideradas como tal por los EE UU las áreas de preautorización. De ahí, que para esos fines la solución al problema es el controversial anexo al referido acuerdo. En dicho anexo se incorpora una tutela por parte de los EE UU de las políticas de asilo de RD, vulnerándose el principio de no intervención en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, previsto por el Art. 3 de la Carta Sustantiva, que constituye una norma invariable de la política internacional del país.
* El acuerdo alude acerca de las facilidades en los viajes sin escala a los Estados Unidos, que convertirían a Punta Cana en un destino aún más atractivo para los turistas, dado que tales vuelos serían tratados como domésticos una vez aterricen en dicho territorio. Sin embargo, no se ha informado que el mismo acuerdo sujeta a los viajeros y a sus bienes a una segunda inspección aérea a su llegada a los Estados Unidos, evidenciándose ausencia de reciprocidad en todos los componentes del acuerdo, lo cual pone en dudas la supuesta agilización de trámites y facilidades a los que ingresen al territorio norteamericano, así como el aumento del número de pasajeros en nuestro país.