El Consejo Nacional de la Magistratura celebró ayer la primera ronda de evaluaciones a aspirantes a integrar el Tribunal Constitucional, acto en el cual se produjo un pequeño debate filosófico-jurídico en el que se discutió sobre el derecho a mentir o no que tiene un imputado a la luz de lo establecido en la Constitución. Ayer evaluaron 20 de 65 aspirantes.
El hecho de que el juez de la Corte de Trabajo de la provincia Santo Domingo, Alexis Gómez Geraldino, dijera que escribió una obra en donde establece que “el imputado no tiene derecho a mentir”, llamó la atención de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien le pidió explicar las razones por las cuales hace el planteamiento puesto que en materia penal, el mentir es reconocido como una estrategia de defensa de la persona que es acusada de cometer un crimen o delito sin que ello constituya una infracción penal.
Gómez Geraldino señaló que la Constitución de la República plantea que nadie puede ser “obligado a mentir”, y que en consecuencia hay una diferencia en mentir de manera coaccionada y hacerlo como un medio de defensa porque el mandato expreso de la Carta Magna habla de no poder ser obligado.
Señaló como ejemplo el hecho de que durante la medida de coerción, cuando un procesado admite un hecho, el juez automáticamente le impone prisión preventiva porque hay una confesión de que admite el hecho o cuando se celebran acuerdos entre partes, donde una de las condiciones es que el imputado debe admitir el hecho.
“Pero donde viene la variante fuerte, donde el código (Código Procesal Penal) debe cambiar, es en la fase de juicio porque el código le permite todo ese trayecto y el juez lo toma en cuenta y en el juicio de fondo cambia totalmente la opinión y puede fácilmente salir libre de una imputación”, señala el magistrado.
Ante esa situación él cuestiona, desde el punto de la filosofía del derecho es ¿un sistema judicial se puede mantener con un antivalor? Partiendo de que el valor que busca la justicia es la verdad.
Germán Brito le recordó que el único medio de establecer la verdad en un juicio no es la confesión, algo que reconoció el magistrado destacando él que, en las otras ramas del derecho, sí se permite la confesión como medio de prueba, sin que esto resulte inconstitucional.
Ayer, por primera vez desde la conformación del órgano, el presidente de la República se ausenta por un par de horas y dejó a la vicepresidenta de la República a cargo del proceso.
Luis Abinader escuchó la ponencia de los primeros cinco aspirantes a sustituir a los jueces Wilson Gómez Ramírez, Kathia Miguelina Jiménez, Hermógenes Acosta y Ana Isabel Bonilla, a quienes se les cumplió el período para el cual habían sido escogidos, y luego se ausentó para dirigirse a La Romana a cumplir con unos compromisos previamente agendados.
La única pregunta formulada por el presidente de la República durante la jornada, fue para consultar la opinión del magistrado Argenis García del Rosario respecto al acuerdo firmado entre la República Dominica y los Estados Unidos, para la realización de pre-chequeo de pasajeros y aviones que viajarán a la nación estadounidense desde aeropuertos dominicanos. Otra de las postulaciones que despertó el interés de los consejeros fue la del exjuez Manuel Ulises Bonelly, quien fue cuestionado por Víctor Fadul respecto a si sería un juez independiente, políticamente, dada su vinculación con el bufete de abogados Fernández y Fernández.